Julio, como diciembre, es un mes en que la Seguridad Social afronta fuertes necesidades de liquidez en la tesorería. Toca desembolsar la nómina mensual habitual y las pagas extraordinarias que reciben los pensionistas. Este año la extra de verano que cobran en julio los más de 8,5 millones de jubilados supondrá para las arcas del sistema de previsión una factura cercana a los 17.000 millones de euros, lo que obligará, de nuevo, a tener que tirar de los ahorros del Fondo de Reserva como ha venido haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy desde el mes de diciembre de 2012.
Recién llegado al poder, Rajoy no tuvo más remedio que romper por primera vez la «hucha» y usar los ahorros para poder pagar las nóminas a los jubilados. La fuerte crisis que comenzó en 2008 hizo mella en el empleo. Ya entonces había destruido 2,5 millones de empleos de los más de 3,5 millones que terminaría recortando en España concluida la crisis. El uso del Fondo de Reserva es lo que ha permitido desde entonces tapar los agujeros de sistema de pensiones y hacer frente a las nóminas de forma puntual.
Los pensionistas han cobrado sin problema y la «hucha» ha menguado sus ingresos en 45.451 millones de euros. De los casi 67.000 millones de euros que llegó a tener en 2011, a finales de 2015 esta cantidad se había reducido a menos de la mitad, hasta los 32.481 millones de euros.
El problema sigue estando en que los gastos que cada mes tiene que afrontar la Seguridad Social son más elevados que los ingresos. Y varios son los factores: el aumento del número de pensionistas, por encima del 1% anual; el recambio de las nuevas pensiones que entran al sistema, que son casi un 40% más altas que las que salen; y el incremento mínimo garantizado por ley del 0,25%.
La combinación de todos estos factores es lo que ha provocado que la Seguridad Social fuera la única administración que aumentó su déficit en 2015, hasta el 1,3% del PIB, es decir 13.592 millones, el doble de los previsto (0,6%). La caja de la Seguridad Social está en números rojos y las previsiones no invitan a pensar lo contrario, teniendo en cuenta que los trabajadores que contribuyen al sistema lo hacen con sueldos más bajos por la parcialidad de sus contratos y los ajustes de la crisis. Y ello pese a la mejoría del empleo, que crece a tasas del 3%, lo que ha permitido que el número de afiliados se encamine hacia los 18 millones.
La solución para el sistema de pensiones sigue estando en la creación de empleo, en mantener tasas de crecimiento y en que los puestos de trabajo estén asociados a salarios más elevados, bases de cotización más altas, por tanto, y más ingresos con los que pagar pensiones al alza, coinciden todos los analistas.
Reformas de Zapatero y de Rajoy
Como ya informó ABC, en los últimos cinco años España se ha visto obligada a realizar grandes reformas en el sistema de pensiones. Con el Gobierno de Zapatero se retrasó de 65 a 67 años la edad de jubilación—entró en vigor en 2013 de forma progresiva, hasta 2027—, aumentó de 35 a 37 años el periodo de cotización necesario para tener derecho al 100% de la pensión —a partir de 2027 alcanzará los 38 años y medio— y amplió de 15 a 25 años el periodo para calcular la prestación.
En 2013, el Gobierno del PP hizo una nueva reforma y aprobó el índice de revalorización de las pensiones, en función del cual las prestaciones no podrán subir más del 0,25% mientras el sistema esté en déficit, y diseñó el factor de sostenibilidad sobre los nuevos pensionistas, que entrará en vigor en 2029 y adecuará la cuantía mensual de la pensión a la esperanza de vida.
A la vista de la evolución de las cuentas del sistema, gobierne quien gobierne en España a partir de las elecciones de este mes, deberá plantear nuevos cambios teniendo en cuenta que el déficit y las proyecciones demográficas, que anticipan más envejecimiento. La aprobada en 2011 tendrá efectos sobre el gasto a medio y largo plazo. Y el factor de sostenibilidad comenzará a aplicarse en 2019 y los ahorros no se notarán hasta 2030.
Las reformas ya están sobre la mesa aunque para saber cuál tendrá más éxito habrá que esperar a conocer el resultado de las elecciones. Rajoy defiende que es el empleo el que tiene que «salvar» al sistema de pensiones y es partidario de aplicar reformas por el lado de los ingresos. Una de sus propuestas es que las pensiones de viudedad y orfandad podrían financiarse con impuestos, lo que liberaría al sistema de un gasto de casi 24.000 millones de euros.
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