un Estado de Derecho, ha de abrir un proceso judicial a Francisco Franco Bahamonde. La Fiscalía General del Estado debe abrir diligencias por "alta traición" al levantarse en armas contra el Estado de la II República y asesinar a militares y civiles. Y, por fingir un Estado hasta su muerte en 1975.
Y conocer su causa, mediata e inmediata, de muerte e inhumación. Ya he anotado la licitud histórica del enjuiciamiento de un ciudadano del Estado del Reino de España.
Nota.- Se acusa al rey Sancho Díaz, Nepociano, de ser, no haber sido, usurpador del trono.
También hay que abrir juicio acusatorio contra Alfonso II por acusar y condenar sin juicio a su cuñado Sancho Díaz.
En un Estado de Derecho, como el actual, no excluye del derecho a la ciudadanía, a quienes fallecen. Igual derecho a la ciudadanía tiene mi padre, muerto por causa mediata violenta, como, al abuelo en 1962, la abuela y tía en 1936. Mi madre no tiene atestiguada la causa inmediata de muerte, al igual que a la madre de mi esposa Francisca.
El enjuiciamiento al muerto hace 4.000 años o un día, es un derecho y un deber. El cumplimiento de la condena y el resarcimiento al ciudadano de 4.000 años y de un día, es un derecho y un deber. Los delitos de hace 4.000 años se esclarecen hoy. La causa de muerte del rey joven al lancearle la cabeza sin celada hay que saber porque el rey no llevaba celada.
Unidos Podemos pide una fiscalía especial para los crímenes del franquismo
La coalición planteará también una enmieda a la Ley de Memoria Histórica para instar a la Casa Real a retirar los 39 títulos nobiliarios concedidos por el dictador
Madrid / Algeciras
Unidos Podemos ultima la presentación de más de 60 enmiendas a la Ley de Memoria Histórica para, entre otros objetivos, crear a la máxima urgencia una fiscalía especial que investigue los crímenes del franquismo. La coalición quiere que este nuevo órgano del ministerio público se encargue, además, de impulsar las pesquisas sobre el robo de bebés. También plantea que el nuevo texto legal inste a la Casa Real a eliminar los títulos nobiliarios que la dictadura concedió.
Las enmiendas de Unidos Podemos siguen, en parte, el contenido de la Proposición de Ley que registró en el Congreso el pasado junio —y aún no debatida—, aunque con novedades tras los problemas que surgidos desde entonces con la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Entre las principales novedades esta la creación de una Fiscalía Especial para las Desapariciones Forzosas y la Sustracción Forzada de Menores que “promueva y ejercite las acciones penales oportunas para la investigación y enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos por la dictadura franquista”. La coalición quiere que los servicios jurídicos del Estado “apoyen dichas acciones judiciales”, para que la labor del Gobierno no se reduzca a financiar la excavación de fosas, una tarea que por el momento no cuenta con partida presupuestaria.
Otra enmienda busca que el Ejecutivo impulse a través de esta nueva fiscalía “de forma efectiva la búsqueda de los menores sustraídos bajo el amparo de las autoridades franquista y el posfranquismo”. Para ello, Unidos Podemos propone desarrollar un marco normativo “específico” para, entre otras medidas, ampliar las investigaciones hasta el 31 de diciembre de 1999. La coalición quiere que el robo de bebés sea “un delito permanente cuya comisión no cesa hasta la identificación final del menor sustraído” para evitar que prescriba y se repita la reciente absolución del doctor Eduardo Vela en el único juicio celebrado por este delito
Sobre la exhumación de Franco, Unidos Podemos insiste en aplicar la misma medida al fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, algo que el Gobierno ya descartó en agosto al considerar que también fue una víctima de la Guerra Civil. La coalición considera que en ambos casos, los restos mortales no deben ser ubicados en “espacios de uso público o en aquellos lugares que por su singular ubicación, construcción o interés público puedan convertir el emplazamiento en lugar de conmemoración, homenaje o enaltecimiento de la dictadura, sus dirigentes o el fascismo”, en clara referencia a la Catedral de la Almudena, de Madrid, donde la familia del dictador pretender enterrar a este.
Las enmiendas quieren acabar también con “los reconocimientos o condecoraciones de carácter económico” a los “militares, agentes policiales y empleados públicos del Estado que hayan formado parte del aparato de represión de la dictadura”. Se busca con ello retirar la medalla pensionada al inspector de la Policía Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, acusado de torturas durante la dictadura. Interior ya tiene ultimada una reforma de la ley de condecoraciones de la policía para permitir su retirada.
Además, la coalición quiere que la ley inste a la Casa Real a “la inmediata eliminación” de los títulos nobiliarios otorgados por Franco “a los responsables y colaboradores de la dictadura franquista”, entre ellos el ducado que lleva su apellido y cuya orden de sucesión firmó el ministro de Justicia del PP Rafael Catalá un día antes de dejar el cargo. Franco otorgó 39 títulos. El secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, anunció el jueves en el Senado que el departamento de Dolores Delgado ya estudia esta medida.
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