El Estado del Reino de España saca a concurso la realización de un servicio: constiuír un Poder Legislativo del cual se constituya un Poder Ejecutivo.
Se presenta una Unión Temporal de Empresas. Se contrata esta UTE y se le abona lo acordado antes de la ejecución del contrato.
Esta UTE se retira refiriendo no ser capaz de llevar a término el contrato que el Estado le adjudicó. Y añade que para poder llevar a término tal contrato necesita repetirlo en las mismas condiciones. El presupuesto de tal contrato ha de ser ampliado en la misma cantidad.
En los concursos que ejecuta el Estado es habitual concursar "a la baja" y luego solicitar una ampliación de lo presupuestado.
La Fiscalía General del Estado ha de actuar sobre cada una de las empresas de la UTE.
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