El invitar a dar una conferencia, curso, maestría, es la forma mejor para publicitar un producto ante un auditorio. habitualmente se hace a través de otro que actúa como intermediario: el conferenciante, o profesor invitado no cobra, lo hace el intermediario. en caso de Aznar lo hizo una empresa intermediaria que, habitualmente, no es hecha ex-profeso.
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se le paga por una prótesis diseñada y que fabrica-comercializa una empresa.... el juez ofrece su opinión (refrito de textos)...
imparte cursos de prácticas en poner prótesis, tornillos, etc. pagados por el centro y el intermediario,.... ¿Porqué no utilizan el término robo, (no el hurto ya que lo hacen con volencia)?. el soborno es hablar de una de las partes. El que roba es el contratado por el Estado, el funcionario. En la Edad Media se crearon poblaciones para, unidos, defenderse de los funcionarios, o nobles que robaban, mataba, y violaban a las mujeres. Hace un tiempo que anoté en mi diario personal (semerompiólacolumna) de la fundación de la Pola de Siero.
LA OPERACIÓN nelson
Los cobros por los cursos de Ausbanc dividen a los jueces
a entidad con la que se colabora se puede dañar la percepción de imparcialidad de la carrera
La presencia de jueces como ponentes en jornadas jurídicas organizadas por la asociación Ausbanc, cuyo presidente, Luis Pineda, está en prisión por extorsión, ha causado estupor en un sector de la carrera judicial y fiscal. Magistrados consultados sostienen que pese a ser legal que se cobre por particomo cipar en este tipo de cursos, si no se elige bien la entidad con la que se colabora se puede dañar la percepción de imparcialidad de los integrantes de la carrera. El Consejo General del Poder Judicial defendió este jueves que los jueces acudan a estos foros porque no lo prohíbe su régimen de incompatibilidades.
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Después de que EL PAÍS publicara este jueves que jueces y fiscales de toda España participaron desde 2010 en el Foro de la Justicia, organizado por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), y percibieron entre 800 y 1.500 euros por sus conferencias, la estupefacción se instaló en parte de la judicatura, especialmente entre jueces y fiscales de base. Las charlas principales de estos congresos estaban presididas por Luis Pineda, encarcelado el pasado lunes por extorsionar a bancos a cambio de no publicar informaciones negativas y que supuestamente se alió con Miguel Bernad, líder de Manos Limpias, para chantajear a personas y entidades contra las que se habían querellado.
Ausbanc, una entidad cuya actividad era objeto de controversia pública antes incluso de la Operación Sansón en la que Pineda y Bernad fueron detenidos, invitó a varios profesionales del sector de la Justicia a sus foros.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se apresuró este jueves a aprobar una declaración en la que recordaba que el cargo de juez o magistrado es incompatible “con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella”.
El órgano de gobierno de los jueces subrayó que la presencia de miembros de la carrera en “foros, cursos o jornadas públicos junto a otros actores del sector de la Justicia contribuye a enriquecer el debate, fuera de las salas de vistas, sobre cuestiones que afectan a toda la sociedad”.
El Reglamento de la Carrera Judicial, que recoge el régimen de incompatibilidades de los magistrados —el más severo entre los empleados públicos junto, quizá, los miembros de las Fuerzas Armadas— defiende el ejercicio de la docencia y la investigación jurídica como “una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos”.
“MIL EUROS POR UNA CONFERENCIA ES UNA BURRADA”
El importe de 800 a 1.000 euros que algunos jueces aseguran haber cobrado por participar en el Foro de la Justicia organizado por Ausbanc también generó este jueves opiniones enfrentadas. “Mil euros por una conferencia es una burrada”, afirma un magistrado madrileño. “300 o 400 euros por ponencia ya es algo muy generoso. No es igual una mesa redonda, que una ponencia exclusiva, que sea un tema inédito, y no es igual exponer que entregar un estudio por escrito, pero yo lo máximo que he llegado a cobrar fueron 600 euros de la Universidad Autónoma de Madrid por un trabajo con estudiantes que me llevó un cuatrimestre”.
A Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales, el importe de 1.000 euros no le parece, sin embargo, “desproporcionado”. “Depende de la materia, del sector y del ponente”, afirma. “Yo he dado conferencias gratis, en otras me han obsequiado con una botella de vino y en otros casos he cobrado”.
Las asociaciones judiciales se alinearon, aunque con notables matices, con la declaración del Consejo. Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), manifestó: “La participación en este tipo de jornadas y cursos jurídicos está contemplada y amparada en la normativa orgánica y el Reglamento de la Carrera Judicial. Son actividades de colaboración que se vienen desarrollando con transparencia absoluta”. Sin embargo, a renglón seguido añadió: “Naturalmente, lo que evidencian estos casos puntuales es que por un principio elemental de prudencia debemos seleccionar con un criterio de rigor aquellas instutuciones o entidades con las que podamos desarrollar colaboraciones en el ámbito docente”.
Joaquín Bosch, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, también fue un paso más allá que el Consejo. “Partimos de la base de que la actuación de los jueces que asistieron a estos foros no hicieron nada ilegal ni inmoral: acudieron sin conocer la información que se ha destapado ahora”. Y añade: “Sin embargo, se debe analizar si la participación en este tipo de actividades formativas pueden afectar al principio de imparcialidad, porque surjan dudas de que el juez pueda beneficiar a quien le está pagando”.
Aunque algunos de los jueces y fiscales consultados apoyan la participación remunerada de sus compañeros en actos de Ausbanc, casi todos admiten que en el caso de instituciones privadas, como lo es la asociación de consumidores investigada, hay que ser especialmente escrupulosos antes de aceptar cobrar por colaborar con ellos. “Yo no iría porque podría llegar un día en que tengas litigios con ellos y surja el problema”, afirma el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado.
“Se hace un daño a todos tremendo, por quince magistrados se extiende la imagen de que los jueces confraternizamos con los corruptos”, sostiene otro magistrado de lo penal que declinó hace dos años la invitación de Ausbanc para asistir a sus jornadas. “En el ambiente flotaba que eran unos piratas que cobraban por hacer buena publicidad, pero no tuve constancia de ello más allá de lo ambiental”, señala.
Un código ético
El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, comparte las reticencias a cobrar de organismos privados, pero va más allá. “Hace falta un código ético”, asegura. En su opinión, este código debería prohibir cobros como los efectuados por Ausbanc o, por ejemplo, que jueces o fiscales acudan invitados a palcos de estadios de fútbol o plazas de toros. “Si vas te vinculas a los presentes en ese palco y algún día te puedes encontrar con ellos en un caso”, avisa.
Su asociación ha reclamado esta regulación a la Fiscalía General del Estado que, por ahora, no la ha abordado. La elaboración de un código ético para jueces y fiscales se ha reclamado también en el Consejo de Europa.
Pero no todos los fiscales comparten esta máxima de Viada. Emilio Frías, portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales, no ve inconveniente en cobrar de una institución privada. “Es legal y no está mal visto. Además, hay que tener en cuenta que es de las pocas actividades que nos están permitidas a jueces y fiscales para aumentar los ingresos”, afirma.
En la misma línea se pronuncia Raimundo Prado, el portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria. “Quizá habría que preguntarse por qué los jueces da clases, preparan a opositores, imparten conferencias. A lo mejor es que no están bien retribuidos de acuerdo a su preparación y responsabilidad”.
“DEBE LEGISLARSE PARA EVITAR SITUACIONES POCO ESTÉTICAS”
Los partidos pidieron este jueves al Consejo del Poder Judicial que investigue si los magistrados que participaron en las actividades de Ausbanc comprometieron su imparcialidad. “El Consejo, si lo cree oportuno, en su autonomía e independencia, debería estudiar lo que ha sucedido. Esperamos que hayan funcionado todos los controles. Si hay algún indicio de prevaricación, estamos convencidos de que los juzgados y los jueces llegarán hasta el final”, dijo Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE.
José Manuel Villegas, vicesecretario de Ciudadanos y portavoz de Justicia, manifestó: “Sin creer que la independencia de un juez se ponga en tela de juicio por cobrar de una conferencia, creemos que es normal que se generen suspicacias. Pensamos que debería haber una regulación más estricta de las actividades de los jueces para evitar situaciones que cuanto menos son poco estéticas”.
La portavoz de Justicia del PP en el Congreso, María Jesús Moro, distingue si los cursillos y foros pagados por Ausbanc tenían o no fines académicos: “Hay cosas muy distintas. Hay foros académicos, como los de otros tipos de asociaciones, de abogados, de jueces o de fiscales, que se plantean para ilustrar y profundizar sobre materias que afectan a los consumidores y esos me parecen normales, pero si la presencia de los jueces se plantea con otra finalidad, que puede poner en duda o cuestionar su profesionalidad o independencia, entonces la responsabilidad recaería sobre los que participan en esas reuniones”. Moro indicó que si se demuestra que los jueces ponían en entredicho su profesionalidad el Consejo del Poder Judicial debería abrir una inspección.
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