Si se contratan para prestar una asistencia no especializada, y así se les identifican y, el paciente consiente debidamente informado, no hay delito.
Si la asistencia es especializada se comete delito si el médico no es el de la especialidad.
Si hay llamada especializada y no hay respuesta es responsabilidad negligente del Estado, siendo delito.
La mayoría de comunidades contrata irregularmente a médicos sin el MIR
Los sindicatos sanitarios y los médicos alertan de que las consejerías suplen las carencias en atención primaria con profesionales sin especialidad, en contra de ley
Madrid
Las consejerías de Sanidad de la mayoría de las comunidades autónomas de España firman “sistemáticamente y de manera irregular” contratos temporales a médicos sin títulos de especialidad (MIR), principalmente para puestos de urgencia y de atención primaria, según alertan los principales sindicatos médicos estatales y autonómicos. Los Gobiernos regionales afirman que se trata de medidas “excepcionales” —trabajos de semanas o de un mes— para cubrir bajas vacacionales y la fuerte demanda de médicos en zonas de difícil cobertura. Los sindicatos aseguran que es una práctica habitual desde hace tiempo. En Valencia, desde hace 15 años y, en Canarias, desde hace 21. Los sindicatos aseguran que llevan tiempo advirtiendo de este problema y las consejerías no adoptan medidas para solucionar dichas “salvedades”. Siete de las 17 comunidades autónomas consultadas por EL PAÍS niegan que se realicen estas prácticas y tres dicen que se han realizado de manera excepcional.
El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado, presentó a los colectivos sanitarios de la comunidad un documento con fecha del pasado viernes y firmado por el director de la gerencia regional de salud en el que propone la contratación de licenciados sin especialidad. Tras la propuesta, los colectivos médicos han mostrado un rotundo rechazo. El Foro de Médicos de Atención Primaria, en el que participan todas las organizaciones representantes de esta especialidad, ha convocado una rueda de prensa este jueves "para exponer su rotunda oposición" a este tipo de contrataciones. El documento presentado por la consejería leonesa hace referencia a contrataciones para atención primaria y urgencias y emergencias. La duración de estos "nombramientos eventuales", cita el texto, serán de seis meses prorrogables "si persisten las circunstancias que originaron el nombramiento".
La legislación española recoge que para poder ejercer en la sanidad pública es obligatorio, además de ser licenciado o graduado en Medicina, tener un título de especialista, que se obtiene después de cuatro o cinco años de formación tutelada en los hospitales, el famoso MIR (médico interino residente). No obstante, la norma contempla que en circunstancias “extraordinarias” se puede justificar la contratación sin dicho título con el objetivo de no dejar de prestar el servicio médico. Los sindicatos subrayan que la Administración hace uso de esta “triquiñuela” legal para contratar ilegalmente a licenciados sin el MIR, profesionales extracomunitarios sin título homologado y facultativos que trabajan en una especialidad para la que no están acreditados.
“Es más que una irregularidad. Es una ilegalidad. La ley exige todo lo contrario, salvo en casos excepcionales en las que se pueden comprender esas circunstancias”, explica Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal del Sindicato de Médicos y presidente de Honor de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. La legislación, presente en una resolución del Tribunal Supremo, no define a qué tipo de circunstancias excepcionales se refiere ni a la duración de las mismas. Toranzo es también vicepresidente del Colegio de Médicos de Zamora, cargo que le llevó a denunciar que la consejería de Castilla y León estaba contratando a médicos sin MIR porque “no encontraban profesionales reglados” y “los de plantilla tenían un exceso de horas trabajadas”. En el sistema público de sanidad, el personal sanitario tiene un límite de unas 3.400 horas laborales anuales. “Muchos médicos están sobrecargados y cuando llega diciembre ya han completado su cupo de horas y por ley no pueden trabajar más”, explica Toranzo. Los sindicatos y las comunidades supuestamente afectadas no han facilitado datos corroborados del número de contrataciones irregulares.
Una de las soluciones que los sindicatos proponen es aumentar las plazas MIR y gestionar adecuadamente las vacaciones. Este mes de febrero, el Ministerio de Sanidad sacará 6.000 plazas para 16.000 solicitantes. “Cada año se quedan fueran unos 10.000 médicos titulados que no pueden ejercer en la sanidad pública y necesitan ganarse la vida”, explica el sindicalista.
La consejería de Castilla y León argumenta que “existen diversos pronunciamientos judiciales que avalan estas situaciones de excepcionalidad, entre ellas una antigua sentencia del Tribunal Supremo” y que son similares a las contrataciones que se llevaron a cabo ante “la carencia de médicos especialistas” en centros de salud rurales de Puebla de Sanabria y Carbajale (Zamora). “Una vez que se han incorporado algunos profesionales que estaban de baja, la atención urgente se presta desde el día 10 de enero con los médicos de familia de plantilla”, ha argumentado a EL PAÍS una portavoz de la Consejería de Sanidad castellanoleonesa.
El presidente de CESM dice que, pese a que estas contrataciones no suponen un porcentaje elevado, “es un síntoma del deterioro del sistema de sanidad, sobre todo en la atención primaria". "Lo estamos viendo en las movilizaciones del sector en Cataluña. Los profesionales de atención primaria no llegan a todo lo que se les pide y la Administración, para solucionar esto, recurre a lo más fácil: contratar lo que sea”, argumenta el representante. Toranzo añade que este problema no tiene por qué afectar a la seguridad del paciente, ya que estos contratados “no dejan de ser licenciados en medicina”. “Mejor que haya un médico sin MIR a que las consejerías cierren consultas por falta de personal”, opina.
Toranzo cuenta que este caso puntual en Castilla y León les llevó a investigar qué estaba pasando en el resto de comunidades y descubrieron “una realidad en toda España que se salta flagrantemente la legalidad”. En Andalucía, Extremadura, Valencia, Cataluña y Canarias, dicen, estas contrataciones se firman de manera regular. “En Almería y Huelva llevan tres años haciendo contratos de tres meses en las mismas circunstancias. Si sigues investigando, resulta que desde 1998 se lleva haciendo de manera sistemática en Canarias. Incluso hay una resolución del por entonces presidente de la Comunidad, Román Rodríguez, donde avala que se puede recurrir a médicos sin especialidad”, explica Toranzo.
Comunidades más afectadas
El Sindicato Médico Andaluz afirma que estos casos se dan en zonas rurales que resultan poco atractivas para los médicos con especialidad. Cree que la Administración debería incentivar estos destinos. “Es la consejería la que debe prever estas situaciones excepcionales. A las que se les une que en torno al 20% de los pediatras entran sin especialidad a causa de la fuerte demanda de estos profesionales”, comenta el presidente sindical andaluz, Rafael Carrasco.
En Valencia, de las 800 plazas de pediatría que existen, 193 están ocupadas por médicos de medicina general, según datos de Andrés Cánovas, secretario general de la Sociedad Valenciana de Neuropediatría y presidente del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana. Además, señala, el 40% de los médicos de los puntos de atención sanitaria son profesionales sin MIR. “Llevamos más de 15 años advirtiendo de este problema y no se hace nada. Podríamos llevar el caso por la vía judicial, pero somos conscientes de que estos médicos dan un servicio necesario”, comenta Cánovas.
Canarias es una de las comunidades con más contrataciones irregulares. Según el sindicato, el 80% de quienes cubren bajas son médicos sin MIR y, de ellos, un 70% profesionales extracomunitarios procedentes de Ecuador, Cuba y Colombia. El 35% de las plazas estables de pediatría tampoco tienen al frente a un especialista. “Desde hace unos años están empezando a faltar ginecólogos, traumatólogos y radiólogos. En La Gomera, por ejemplo, hay un médico que, a pesar de estar esperando que le homologuen su especialidad, está ejerciendo como cirujano. Si los pacientes no preguntan, no saben que la persona que les opera no está acreditada legalmente para hacerlo”, asevera el vicesecretario del Sindicato Médico de Tenerife, Levy Cabrera.
“Canarias ha dejado de ser un destino atractivo para trabajar. Dentro de unos cinco años, con el aumento de las jubilaciones, la situación va a empeorar. La Administración lo sabe o debería saberlo y continúa sin aumentar las plazas de residencia”, asevera Cabrera. También subraya que estos médicos sin especialidad no dejan de ser “las personas que están sacando las castañas del fuego” y los que le levantan la carga a los médicos que sí tienen la titulación acreditada.
Jueces para la Democracia afirma que la excepcionalidad a la que hace referencia la ley no abarca tantos casos como denuncian los sindicatos, por ejemplo, no sirve para el neurólogo sin homologación en La Gomera o el alto porcentaje de médicos sin MIR que trabajan en Valencia. Sí destaca que hay complementariedad en los casos de profesionales de medicina general que ejercen como pediatras. Subrayan que son prácticas denunciables a través de procesos judiciales administrativos. “Una excepción puede durar tres meses, pero no cinco años. No tengo constancias de casos similares, pero los sindicatos podrían abrir un proceso judicial”, explica una portavoz de la asociación profesional.
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