LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Dando fe contra el blanqueo
Los notarios han levantado desde 2004 la base de datos más potente contra el lavado de capitales
Madrid
Unas dependencias blindadas en el Consejo General del Notariado albergan una de las armas más potentes con que cuenta el Estado en la lucha contra el lavado de capitales y la financiación del terrorismo. En este bunker, al que solo se puede acceder con una tarjeta especial, se ubica el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP) de los fedatarios españoles. Desde enero de 2004, este organismo autónomo ha levantado el llamado Índice Único Informatizado, la segunda base de datos más voluminosa del sector público, tras la de la Agencia Tributaria. En ella, las aproximadamente 2.600 notarías vuelcan cada 15 días –a través de un servidor seguro y estrictamente confidencial- los detalles de hasta 230 tipos de operaciones que se escrituran en sus oficinas: poderes, préstamos hipotecarios, compraventas de inmuebles, constitución de sociedades…
La inmensa información que se ha ido acumulando -42 millones de personas físicas y jurídicas distintas han acudido a los notarios desde la creación de la base de datos-, convenientemente analizada, permite identificar casos de posible blanqueo de capitales y de fraude fiscal y seguir casi en tiempo real las operaciones de lavado de dinero de personas y entidades investigadas por diversos delitos. Del Índice Único notarial surgió en abril de 2014 otra herramienta de gran interés en la lucha contra el fraude: laBase de Datos de Titularidad Real, que permite conocer de forma casi instantánea quién es el dueño efectivo de una sociedad, especialmente si es de responsabilidad limitada.
Desde 2014, los notarios están obligados a pedir a quienes acuden a sus oficinas a constituir una sociedad o a ampliar su capital a que acrediten quién es el titular real de las acciones. En caso de negarse a desvelar al auténtico propietario de la mercantil, lo que casi nunca ocurre, el fedatario no podrá elevar a pública la escritura. Con las declaraciones manifestadas por los representantes de las sociedades y, sobre todo, con la información grabada desde 2004 en el Índice Único, en el que se registran los actos jurídicos que pueden alterar la propiedad de una mercantil, se crea la Base de Datos de Titularidad Real. A esta herramienta, además de un grupo muy restringido de investigadores policiales y judiciales, pueden acceder una serie de organismos, como las entidades financieras o las aseguradoras, que son sujetos obligados a informar a las autoridades antiblanqueo de las operaciones de riesgo.
El gran valor de estas bases de datos es su carácter dinámico frente a la información menos actualizada del Registro Mercantil. “Al constituir una sociedad, los titulares pueden haber vendido las participaciones a los cinco minutos. Los investigadores no podrán tener esa información por el Registro Mercantil, pero sí por la notaría”, explica Pedro Galindo, director del OCP y abogado del Estado en excedencia.
Entre 2004 y 2015, los notarios han comunicado un total de 2.280 operaciones de riesgo al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la máxima autoridad española contra el lavado de dinero. Una de las últimas operaciones en las que se ha utilizado la base de datos ha sido la realizada en la Audiencia Nacional contra el bufete de abogados Nummaria, dirigido por el fiscalista Fernando Peña, y en la que se encuentran investigados, entre otros, los actores Imanol Arias y Ana Duato.
Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP, hace hincapié en el carácter estrictamente confidencial del sistema, que se usa exclusivamente cuando existen indicios de infracción. Solo un pequeño número de investigadores dispone de la tarjeta de acceso a la base de datos notarial, a través de un encriptado de última generación y con firma electrónica. “Es un control específico para los infractores, el notario no es un gran hermano. Jamás se ha filtrado un solo dato”, asegura. El sistema impide que los investigadores reclamen datos personales masivos al OCP notarial. Solo el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) puede pedir datos agregados para sus estudios sobre dinámicas criminales, pero sin que consten en ellos nombres de personas investigadas.
Un fiscal que se define como “uno de los mayores usuarios” del Índice Único destaca su utilidad: “Proporciona de forma muy rápida información de gran valor para seguir, por ejemplo, las inversiones de un grupo criminal o para fijar medidas cautelares sobre sus bienes”. La base de datos permite establecer alarmas sobre movimientos en notarías de personas físicas o jurídicas investigadas. “Todo lo que no sea llevar el dinero en metálico en el bolsillo acaba dejando rastro”, afirma este fiscal.
La delincuencia, como el agua, acaba buscando su camino cuando se le van cerrando puertas. Los blanqueadores ahora interponen más empresas pantallas para evitar que se detecten sus movimientos. “Para el pequeño y mediano defraudador la ingeniería de blanqueo acaba siendo ya antieconómica, pero si se pone el foco en alguien, va a acabar saliendo todo”.
La herramienta notarial, sin embargo, afronta una debilidad y una amenaza. La debilidad estriba en la falta de transparencia de las transmisiones de acciones de las sociedades anónimas que no cotizan en bolsa. El Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo antiblanqueo de la OCDE, recomendó que las transmisiones de acciones de estas mercantiles se hicieran con intervención notarial. La amenaza proviene de la directiva europea, actualmente en fase de redacción, sobre sociedades limitadas de un solo miembro, encaminada a registrar mercantiles de forma electrónica sin intervención notarial. Los expertos antiblanqueo temen que esta norma europea, concebida para agilizar la actividad empresarial, sirva de puerta trasera para facilitar el blanqueo de capitales de procedencia ilícita.
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