Obligatoriamente la empresa descuenta del salario una cantidad para aprovisionar un fondo solidario con el cual pagar las pensiones. La custodia y la gestión de ese fondo solidario corresponde al Estado. El Estado no puede hacer uso de tal fondo más que para aquel que ha sido creado.
El Estado ha hecho uso indebido del fondo de pensiones, ha hurtado, o robado del mismo, por lo que ha de reponer lo robado con los intereses y la sanción que corresponda, siendo solidario con los delincuentes.
El contrato entre el Estado, el Trabajo y el Capital no contempla la posibilidad de ingresos en el fondo que no sean aquellos del Trabajo y el Capital, como puede ser por trasvase desde partidas presupuestarias o a través de nuevos impuestos.
Los gestores, ejecutivo y Legislativo, han de ser denunciados ante el Tribunal correspondiente y, si este no sucede, los ciudadanos, a través de la fuerza, actuaremos. No hay arma más eficaz y eficiente que un ciudadano con sus manos, o armas actuando en solitario.
Con esta mejora del empleo no basta para las pensiones
Crecen las voces que reclaman más ingresos a través de los impuestos para la Seguridad Social
Madrid
Cinco años de déficits crecientes de la Seguridad Social han abierto, a punto de que se repitan las elecciones, el debate político sobre el futuro de las pensiones. El PSOE ha puesto sobre la mesa esta semana su propuesta: crear un nuevo impuesto para financiar las pensiones. Podemos no lo ve con malos ojos. El PP y Ciudadanos lo rechazan. Apuestan por la creación de empleo.
Pero la intensa creación de empleo en los últimos años (ya se han recuperado más de 1,3 millones de afiliados), que sucedió al desplome laboral de 2008 a 2013, no ha reducido el problema. Es más el agujero de la Seguridad Social no ha dejado de crecer. Y sigue haciéndolo: en el primer trimestre del año la parte contributiva del sistema (la que no tiene en cuenta las transferencias de Hacienda al instituto previsor, que mantienen un calendario irregular) ha crecido hasta los 17.772 millones, el equivalente a un 1,63% del PIB, según un estudio del grupo de investigación en Pensiones de la Universidad de Valencia, que dirige Enrique Devesa.
“Han bajado las bases de cotización [es decir, los sueldos]”, analiza Felipe Serrano, catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco. A esta causa el equipo de actuarios de la Universidad de Valencia suman el mayor peso del empleo temporal y las reducciones directas de cotizaciones (no las tradicionales bonificaciones, en las que el estado compensa la parte que el empresario deja de pagar), que según los presupuestos de este año ascenderán unos 2.100 millones.
EL FONDO DE RESERVA SE ACERCA A SU FIN
La Seguridad Social tuvo que sacar 11.500 millones de euros del Fondo de Reserva para pagar las pensiones. A esta cantidad hay que sumar los 2.780 millones del sobrante de la gestión de mutuas. De continuarasí, la llamada hucha de las pensiones se agotará en 2018. La Autoridad Fiscal calcula que puede acabarse antes, en 2017, si no cambia el rumbo. Y no parece que vaya a cambiar pronto.
El grupo de pensiones de la Universidad de Valencia calcula que este año el déficit puede reducirse “por la consolidación del crecimiento económico”, a pesar de que en el primer trimestre han detectado que sigue creciendo en la parte contributiva de las arcas de la Seguridad Social (mengua ligeramente —70 millones— cuando se añaden las transferencias del Estado). Sin embargo, sus números afirman que en 2016 “la cifra final estará por encima de los 15.000 millones con lo que el recurso al Fondo de Reserva va a ser inevitable”.
Esto explica que todos los ingresos en lo que va de año crezcan en torno al 1,8%. En cambio, los gastos suben al 2,4% por el efecto inexorable del envejecimiento, el número creciente de pensionistas y las mayores pensiones de los nuevos jubilados.
En este escenario, las voces que subrayan que la Seguridad Social necesita pronto más recursos que no procedan solo de las cotizaciones se multiplican. La Autoridad Fiscal lo ha reclamado repetidamente. Y a ella se suma Serrano: “Con la creación de empleo no va a ser suficiente. Va a necesitar más recursos”. “No se puede ir mucho más allá en el recorte del gasto”. Lo dice en referencia al retraso de la edad de jubilación a los 67 años, que se está aplicando paulatinamente, el incremento del periodo de cómputo hasta los 25 años para calcular la pensión, la actualización anual de las prestaciones según la situación financiera de la Seguridad Social y no según los precios, y el índice de sostenibilidad que desde 2019 ligará la cuantía de la pensión inicial a la esperanza de vida.
Confía más en la evolución del empleoRafael Doménech, economista jefe para los países desarrollados de BBVA Research. Según sus cálculos, si la tasa de paro estructural en España cayera 12 puntos, ahora se sitúa en el 18%, los ingresos fiscales en España crecerían en nueve puntos. Sobre la posibilidad de usar recursos de los presupuestos para pensiones dice: “Me parece bien si no perdemos de vista que hay una restricción presupuestaria”. Es decir, si se destinan más recursos al envejecimiento se tienen que sacarlos de otras partidas.
Para Carlos Bravo, responsable de políticas públicas de CC OO, “este es un asunto [los ingresos de las pensiones] a resolver de forma prioritaria”. Su propuesta va más allá de la hecha por el PSOE, pasa por actuar en varias direcciones: cotizaciones e impuestos (su organización ya propuso hace tiempo pensiones como las de viudas y huérfanos). Esta sería una propuesta que habría que mantener “durante décadas”, las que se mantenga una presión demográfica que llevará en el futuro a España a tener la ratio de dependencia más alta del mundo desarrollado tras Japón.
Pero su reclamación es que se haga desde el acuerdo, revisando antes los efectos de la última reforma. Más contundente con la reforma de 2013 es Borja Suárez, profesor de Derecho del Trabajo: pide derogarla. Para él, la opción de crear un impuesto específico resulta interesante, como también lo es para UGT, explica María Carmen Barrera, responsable del ramo en el sindicato. “Por mucho empleo que se cree, la calidad es tan baja que no recupera las cotizaciones”, explica.
Tampoco tiene mucha confiaza en la creación de empleo José Antonio Herce, de AFI. Aunque su posición parte de las antípodas: “El empleo puede resolver el problema ahora, pero lo magnifica luego porque genera pensiones futuras”. Su opción no pasa por subir los impuestos —“que me digan cuanto tienen que subir el IVA para recaudar lo que hace falta”— sino por un sistema mixto entre lo público y lo privado. Para él, el problema es absolutamente estructural y no por unas décadas. Llega por el aumento de la esperanza de vida. “Si la longevidad hiciera ruido, nos despertaría todas las noches”.
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