La Guardia Civil interviene planos de infraestructuras catalanas en los registros a los CDR
Los CDR tenían documentación sobre un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona y de los puertos de la Ciudad Condal y Tarragona, donde se apostaron los ferrys en la operación Copérnico.
La operación Cadera explotada este martes por la Guardia Civil contra los Comités de Defensa de la República (CDR) se ha saldado con la detención de una de sus líderes, Tamara C.G., y la intervención de cuantiosa documentación. Entre el material, los agentes han encontrado planos relacionados con infraestructuras sensibles catalanas, entre los que figuran un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona y los puertos de la Ciudad Condal y Tarragona.
El despliegue policial ha tenido lugar a primera hora de este martes. Por un lado, los Mossos d'Esquadra han detenido a seis personas relacionadas con diferentes altercados en actos convocados por los CDR. Por otro, la Guardia Civil ha detenido a Tamara C.G. en el marco de la operación Cadera -bajo la supervisión del juez por el juez Diego de Egea de la Audiencia Nacional- y ha practicado varios registros en diferentes inmuebles.
Lección del fiscal: acepta entregar a un reclamado por Alemania con pegas similares a las que ellos ponen sobre Puigdemont
Aunque la defensa alega "falta de concreción de los hechos" y de la cuantía defraudada, la Fiscalía pide que prevalezca el reconocimiento de la resolución judicial alemana, "como viene siendo habitual".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Juzgado Central de Instrucción número 2 que acceda a la entrega a Alemania de un ciudadano nacido en China y con pasaporte británico contra el que las autoridades judiciales alemanas han emitido una euroorden para poder juzgarle por presuntos delitos de contrabando y elusión fiscal.
El fiscal ha informado favorablemente la orden de detención y entrega pese a que la defensa del reclamado alega que en la resolución dictada por la Justicia alemana falta una concreción de los hechos y no se determina con claridad la cuantía supuestamente defraudada.
Se trata de dos objeciones similares a las mencionadas por el Tribunal Regional de Schleswig-Holsteinrespecto al cargo de malversación de fondos públicos que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena imputa al expresidente catalán Carlos Puigdemont. En una resolución dictada el pasado 5 de abril cuyo contenido adelantó EL ESPAÑOL, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein aduce que la euroorden española "no contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se cometió el delito" ni se concreta si realmente se destinaron fondos públicos al referéndum ilegal del 1-O, como afirma Llarena.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya la entrega a Alemania del ciudadano chino, pese a las objeciones planteadas, sobre la base del "espíritu que debe presidir la interpretación de las órdenes europeas de detención y fiel al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales".
Por ello, "en ningún caso ha entrado a valorar la entidad de los elementos de prueba de que disponen las autoridades requirentes, como viene siendo habitual", destaca la Fiscalía en un comunicado.
Además de las pegas señaladas, la defensa del reclamado ha planteado también dudas de identidad en cuanto a que sea él, y no otro ciudadano chino, el autor de los hechos imputados en la euroorden alemana. Esto tampoco ha sido cuestionado por la Fiscalía, que pide que se acepte la resolución de la Justicia alemana como si hubiera sido dictada por un juez español.
Las autoridades alemanas imputan al reclamado la realización deactividades de importaciónhaciendo figurar cantidades económicas inferiores a las reales para eludir la obligación de pago de derechos de arancel.
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José María Pardo, de 20 años, defiende que no pegó a Ramón Lorenzo, de 81, sino que "apartó el bastón con el que le apuntaba", cayó y murió casi al instante
José María Pardo Suárez, acusado de homicidio por propinar un puñetazo a un anciano durante una discusión, tras el que éste cayó al suelo y murió, ha declarado este martes en la primera sesión del juicio que se sigue contra él en la Audiencia Provincial de Madrid ante un Jurado Popular.
La Fiscalía pide para el joven 12 años de prisión por un delito de homicidio, así como que indemnice a la viuda del fallecido, Ramón Lorenzo, y a sus dos hijos con 100.000 euros. La acusación particular, ejercida por los familiares del anciano, solicitan por su parte veintidós años de prisión para él.
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