http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/tormenta-servicio-cantabro-20180429202652-ntvo.html
Salud
Las denuncias de irregularidades ponen bajo sospecha los contratos de Sanidad, el departamento que mayor presupuesto maneja en la Administración regional
La misma noche electoral, el 24 de mayo de 2015, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, anunciaba su intención de crear la Oficina Anticorrupción en el ámbito de la comunidad autónoma, y animaba a los ciudadanos en general y a los funcionarios en particular -estos últimos perfectos conocedores del entramado de la Administración- a denunciar aquellos casos de los que tuvieran conocimiento. Casi tres años después, el pasado 8 de febrero, la jefa de servicio de Contratación Administrativa y Gestión de Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Inmaculada Rodríguez González, enviaba un correo electrónico a los máximos responsables de su área -el gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y la consejera de Sanidad, María Luisa Real- informándoles de que en el área de Contratación del SCS se estaban produciendo graves irregularidades. La respuesta del Gobierno de Cantabria, casi tres meses después de recibir el escrito y una vez que la noticia fue desvelada a la opinión pública por este periódico, fue el anuncio de una querella por parte de Pérez Gil, tras asegurar que «no existe ninguna irregularidad» y explicar que todo responde a que la funcionaria «está despechada» con su jefe (el subdirector de Gestión Económica del SCS, Francisco Javier González), con el que mantiene una pésima relación.
Sin embargo, el correo electrónico de la jefa de Contratación ha provocado una tormenta política que amenaza directamente a sus responsables, con la consejera de Sanidad, María Luisa Real, al frente, curiosamente la que menos explicaciones ha dado hasta la fecha. Delegó directamente en Pérez Gil para responder a la denuncia de la funcionaria la mañana que estalló la noticia (el martes), y se limitó a enviar una escueta nota de prensa horas más tarde para repetir su argumentación, a la que se sumó ayer una segunda para informar de la designación del inspector de Servicios Sanitarios que tramitará el procedimiento informativo encargado por el Consejo de Gobierno.
Los protagonistas
- Inmaculada Rodríguez | Jefa de servicio de Contratación del SCS
- Lleva más de 35 años en la Administración regional y es la más alta funcionaria del área de Contratación del SCS. Es quien redactó el correo electrónico, fechado el 8 de febrero, desvelando las supuestas irregularidades en los contratos menores del SCS. Actualmente se encuentra de baja.
- Francisco Javier González | Subdirector de Gestión Económica del SCS
- Es la mano derecha del gerente del SCS y el jefe de Inmaculada Rodríguez, a quien ella reprocha en su denuncia un «trato vejatorio» y hacia quien apunta las presuntas irregularidades. Al igual que Pérez Gil, González llegó al SCS procedente de Osakidetza. Fue director financiero del Hospital de Cruces
- Julián Pérez Gil | Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud
- Fue nombrado el 12 de agosto de 2015 por la consejera de Sanidad. Funcionario del Gobierno de Navarra, dirigió entre 2009 y 2015 el Servicio Vasco de Salud. Bajo su responsabilidad está gestionar el presupuesto de la Sanidad cántabra, más de 800 millones de euros, el de mayor volumen de toda la Comunidad
- Álvaro Sáenz de Viteri | Asesor externo que trabaja para el SCS
- Consultor independiente que, según el PP, está asesorando al SCS y contaría con despacho propio en la Gerencia. Se desconoce cuándo inició este asesoramiento, pero el PP explica que desde el segundo semestre de 2015 hasta el cierre de 2017 ha cobrado 31.399 euros a través de tres contratos menores.
- María José Sáenz de Buruaga | Presidenta del Partido Popular en Cantabria
- Presidenta del PP de Cantabria desde hace un año. Fue vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Sanidad desde 2011 y hasta 2015 en el Ejecutivo presidido por Ignacio Diego. Esta semana ha denunciado «graves irregularidades» en el SCS, que a su juicio «son solo la punta del iceberg»
- María Luisa Real | Consejera de Sanidad del Gobierno cántabro
- Actual consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, cargo al que accedió tras las elecciones de 2015. Médico de familia de profesión, en la anterior etapa del bipartito estuvo al frente de la Dirección General de Servicios Sociales y de la Gerencia del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass).
- Gabriel Pérez Penido | Interventor general de Cantabria hasta febrero
- Fue cesado por el consejero de Economía el 15 de febrero, sólo siete días después de que los responsables de Sanidad recibieran el correo de la jefa de Contratación. Nacido en Caracas en 1955, fue jefe de sección Fiscal en la Intervención territorial del Imserso de Madrid e interventor territorial en Madrid y Cantabria.
- Rafael Gutiérrez | Subdirector de Control Financiero del Gobierno
- En la actualidad es miembro de la dirección regional del PP. Fue consejero de Hacienda en el Gobierno de Joaquín Martínez Sieso (PP). De su último cargo, como subdirector de Control Financiero del Gobierno de Cantabria, fue cesado por Sota días después de destituir al interventor general.
Cinco días después sigue guardando silencio y elude atender a los medios, interesados en saber qué tiene que decir a las denuncias concretas que ponen en evidencia el trabajo de su número dos, responsable del departamento que más presupuesto maneja de la Administración regional: 800 millones de euros. Cabe recordar que precisamente en esta legislatura -y este fue una de los grandes cambios de la era Real- el equipo de Pérez Gil asumió el peso de la gestión sanitaria, quedando la Gerencia de Valdecilla subordinada a la del SCS en la teoría y en la práctica, lo que ha mermado el margen de maniobra del hospital respecto a etapas anteriores.
Quien tampoco se ha pronunciado hasta la fecha ha sido el subdirector de Gestión Económica, diana de las acusaciones de la funcionaria. El martes no acompañó al gerente en rueda de prensa, aunque se anunció su presencia, porque era sometido a una intervención quirúrgica en Bilbao. También la jefa de Contratación se ha cogido la baja esta semana.
La situación se agrava
La polémica sobre los contratos llega cuando en la Consejería aún se están recuperando del caso del gerente de la Fundación Valdecilla, Joaquín Ruiz Sisniega, forzado a dimitir después de que los tribunales le hayan obligado a devolver 45.000 euros por compatibilizar una pensión por enfermedad con su sueldo en el Gobierno. Un asunto que en ningún caso constituyó una ilegalidad pero que los responsables del Ejecutivo sí consideraron que no era «ético».
Lejos de lo que pensaban tras el anuncio de la querella, la situación se ha ido agravando para los responsables de la Sanidad cántabra después de que el PP aportara, un día después de conocerse el escrito de la funcionaria, «pruebas documentadas» de las supuestas irregularidades, que, además, ha acompañado de nombres y apellidos de personas y empresas que se estarían beneficiando económicamente. Pero el PP no se ha quedado ahí y ha ido más lejos al asegurar su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que las supuestas irregularidades en el SCS son las que llevaron al consejero de Economía, el socialista Juan José Sota, a cesar al interventor general, Gabriel Pérez Penido, y al subdirector de Control Financiero, Rafael Gutiérrez, máximos responsables de la fiscalización interna.
Según Sáenz de Buruaga, los ceses de ambos responsables se produjeron justo en el momento en que la Intervención General iba a investigar los contratos del Servicio Cántabro de Salud. Es decir, toda una operación, según Buruaga, que el área socialista del Gobierno cántabro habría puesto en marcha tras recibir el email de la jefa de Contratación para «salvar» a la consejera Real, y en la que la presidenta del PP implica directamente al consejero de Economía, Juan José Sota y al secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga.
La evolución de los acontecimientos ha obligado al Gobierno a mover fichay a variar su posición inicial. La primera respuesta del Servicio Cántabro de Salud basada solamente en la negación de irregularidades y en el ataque directo a la jefa de Contratación, obligó al presidente cántabro a tomar el mando de la situación bajo la amenaza de que un conflicto que parece que se enmarca sólo en el área socialista del Gobierno termine por salpicar a los regionalistas, con su presidente a la cabeza. Así, a las vagas explicaciones iniciales de Pérez Gil, que dejaron varias preguntas en el aire (¿por qué no se abrió una investigación tras recibir el correo de la jefa de Contratación? o ¿por qué no se presentó una querella en ese momento si todo es mentira y se esperó a que se publicara el email?) le siguió la orden directa de Revilla de investigar el asunto. Eso sí, una investigación asumida a regañadientes (Revilla habló inicialmente de dejar el asunto en los tribunales tras el anuncio de la querella a la funcionaria) y que ya ha despertado recelos en el PP puesto que será la propia Consejería la que se investigue a sí misma. «Es como poner el zorro a cuidar las gallinas», ha ejemplarizado el PP.
Contenido de las denuncias
Pero ¿qué es lo que denuncian exactamente la jefa de Contratación, primero, y el PP, después? Tres son las supuestas irregularidades en las que inciden ambas fuentes: la presencia de asesores externos que intervienen en las contrataciones de suministros; adjudicaciones a la carta a través de un uso irregular de la contratación menor; y el pago de obras que no se han terminado y de suministros que no han sido entregados a los centros.
En su correo electrónico, la funcionaria explica que su despacho «está ocupado por asesores externos», que «se realizan reuniones con todo tipo de empresas que después son la base de las propuestas contractuales» y que «intervienen en las evaluaciones de las ofertas». El PP incide en este aspecto y pone nombres y apellidos a estos asesores. Uno de ellos, según Buruaga, es el consultor vasco Álvaro Sáenz de Viteri, que contaría incluso con un despacho propio en la Gerencia del SCS. Otros dos asesores tienen el mismo apellido, Sáenz de Viteri.
Según figura en la documentación que ha entregado el PP al presidente Revilla, dicho asesor habría cobrado 31.399 euros desde el segundo semestre de 2015 hasta el cierre de 2017. Los pagos se habrían cargado al presupuesto de Valdecilla a través de tres contratos menores bajo el concepto 'otros'. Los otros dos asesores, según la documentación del PP a la que ha tenido acceso este periódico, habrían percibido 53.280 euros procedentes de la Gerencia de Atención Primaria y de Sierrallana. La fórmula habría sido la misma: contratos menores de 'servicios y asistencias'.
La consejera reitera que preguntó al gerente delSCS por la denuncia y le dijo que «no había irregularidades»
Después de una semana convulsa en los despachos de Sanidad, aunque de cara a la galería se ha restado importancia al problema que tienen entre manos, la consejera María Luisa Real entró en escena ayer vía nota de prensa, la segunda desde que saltó la denuncia pública que apunta a adjudicaciones a la carta e irregularidades varias en los contratos del Servicio Cántabro de Salud. En ella, informó de la designación del inspector de Servicios Sanitarios, órgano competente en las inspecciones en el SCS, que se encargará de la tramitación del expediente informativo. Es decir, de investigar las acusaciones recogidas en el correo electrónico de la funcionaria Inmaculada Rodríguez y en las declaraciones de la presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.
Real también confirmó que se ha recibido en la Consejería la documentación presentada por el PP –entregada el jueves en Peña Herbosa personalmente por la secretaria autonómica del partido,María José González Revuelta– y que ya está en poder del instructor. En la misma nota, la consejera, que acostumbra a medir hasta la última línea de lo que se remite a los medios de comunicación, recordó que, tras conocer el email de la funcionaria Inmaculada Rodríguez, ella misma solicitó información al gerente del SCS, Julián Pérez Gil, «como máximo responsable del organismo autónomo, del que dependen tanto la jefa de servicio como el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras cuestionado por ella. La información que en aquel momento trasladó el gerente concluyó en que no se había apreciado irregularidad alguna», subrayó.
En respuesta a las críticas recibidas desde la oposición por «no dar la cara» ante «tan graves acusaciones», Real recalcó que la Consejería de Sanidad «está dando en cada momento una respuesta transparente, a través de comunicados de prensa y con la apertura de un expediente informativo». De esta manera da cumplimiento a lo decidido en el Consejo de Gobierno del pasado jueves, por orden expresa del presidente Miguel Ángel Revilla. Tal y como recuerda la Consejería en su comunicado, «el artículo 33 de la Ley 6/2002 de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, atribuye a los respectivos consejeros dentro de sus competencias ejercer la iniciativa, dirección, gestión e inspección de todos los servicios de la Consejería respectiva, así como las entidades vinculadas o dependientes de la misma, sin perjuicio de las competencias que estén atribuidas a otros órganos». Es por eso que se procedió de forma inmediata al inicio de un expediente informativo, con el objeto de aclarar todas las manifestaciones efectuadas sobre presuntas irregularidades. Además, señaló que se ha remitido puntualmente al Parlamento toda la información y documentación que se ha ido solicitando por los diferentes grupos parlamentarios.
Volviendo al email de la jefa de Contratación, Inmaculada Rodríguez habla también de que «se están recepcionando obras, servicios y suministros sin estar listos para su entrega y se les tramita la facturación con mi advertencia verbal de que no se puede hacer». En el dosier del PP aparecen dos ejemplos de esta supuesta irregularidad. Uno de ellos se refiere a la obra para ampliar la Unidad de Atención Temprana del centro de salud de El Alisal. La actuación se adjudicó a finales de 2017 mediante un contrato menor a la empresa Iralia con un presupuesto de 57.581 euros y un plazo de ejecución de 60 días. La obra se inició el 5 de diciembre. El acta de recepción se firmó el 22 del mismo mes, fecha en la que también se tramitó la factura. Es decir, sólo 17 días después del inicio de la obra.
El PP también ha analizado las diferentes empresas que han cerrado contratos menores con el Servicio Cántabro de Salud. Así, cita a tres en concreto: la ya referida Iralia, Serincopsa y Gardenor, que han cobrado en dos años y medio de la Administración regional más de un millón de euros en contratos menores. Las tres comparten administradores solidarios, uno de ellos hijo de un alcalde socialista (el de Suances). El PP pone la atención en cuatro contratos, adjudicados a finales de 2017, para pintar cuatro centros de salud (195.584 euros). Lo llamativo es que este cometido ya está incluido en el contrato de mantenimiento que el SCS tiene firmado con otra empresa.
Real anima a Buruaga a formalizar su denuncia por el cauce adecuado
La titular de Sanidad destacó que la contratación administrativa del SCS está sometida al control financiero permanente de la Intervención General y así se recoge en las resoluciones publicadas en el BOC por las que se aprueban los Planes de auditorías del 2016, 2017 y 2018. Indicó que «este control financiero por parte de la Intervención General debería ser bien conocido por la presidenta del PP de Cantabria, dado que el subdirector general de Control Financiero del Gobierno de Cantabria durante estos años 2016, 2017 y hasta febrero de 2018, Rafael Gutiérrez, es el actual secretario de Hacienda y Administración pública del Comité Ejecutivo del PP que preside Sáenz de Buruaga». Por todo ello, Real reiteró que, tanto «si la jefa de servicio Inmaculada Rodríguez como la presidenta del PP de Cantabria tienen constancia de la existencia de posibles irregularidades, lo que deben hacer en primer lugar y de forma inmediata es formalizar una denuncia ante los juzgados competentes y a través de los cauces adecuados».
No hay comentarios:
Publicar un comentario