Los productos de uso humano y animal se deben hacer por disposición médica y veterinaria. Debe prohibirse que lo haga ninguna otra persona, del ámbito sanitario ni de ningún otro ámbito.
La disposición médica y veterinaria es consecuencia de un diagnóstico científico explicitado en la historia narrativa, continuada en el tiempo, de la relación médico/paciente.
Se denomina disposición por ser expresión explicitada del consentimiento del paciente, o persona autorizada, de su aceptación y cumplimiento en las condiciones dispuestas.
En caso de asistencia hospitalizada, la única persona autorizada es la enfermera y fisioterapeuta.
En condiciones de aprendizaje lo será el cuidador habilitado al efecto por enfermería.
Dado que el tratamiento es una secuencia de técnicas y la asistencia se presta por procesos secuenciados en episodios que se prestan en diferentes centros de atención, se recomienda un coordinador de los mismos en su conjunto, o área sanitaria. En particular, se tiene la especialidad médica y veterinaria denominada "farmacología clínica".
Con el fin de dar cumplimiento a esta disposición la enfermera de farmacia, hospitalaria y ambulatoria debe acceder a la historia clínica del paciente para ejecutar correctamente la disposición médica y veterinaria.
El paciente tiene acceso a su historia clínica y consiente el acceso a la misma del médico, veterinario ,fisioterapeuta,enfermera y cuidador.
Los precios de los medicamentos de venta libre vendidos en acceso abierto se están disparando
La asociación Familias Rurales dice que ha visto un aumento del 9% en el precio promedio de su "canasta" de los medicamentos más utilizados para la salud de la familia.
Diez años después de la autorización de ventas de venta libre de medicamentos de venta libre, "los precios se han disparado", según la asociación de consumidores Familias Rurales, que publicó, el martes 16 de abril, los resultados de su estudio anual sobre los precios delos medicamentos sin receta. las drogas .
En 2008, el gobierno aprobó una orden autorizando a las farmacias a vender ciertos medicamentos de venta libre (productos de venta libre) en "acceso abierto" . Pero para la asociación de consumidores, "está claro que el gobierno no ha ofrecido precios públicos competitivos y no ha mejorado el poder adquisitivo de los ciudadanos" con esta medida.
Desde la creación de su "observatorio de medicamentos" en 2010, las Familias Rurales han reportado un aumento del 9% en el precio promedio de su "canasta" de medicamentos de uso más frecuente en la salud familiar. El precio de Nurofen anti-inflamatorio, por ejemplo, aumentó en un 25% desde 2010, las pastillas Strepsils garganta 19% y el fármaco contra la acidez estomacal Maalox 12%, según la asociación .
"Rate Jungle" en la venta online.
Los medicamentos de venta libre también han sufrido dos aumentos sucesivos del IVA durante el período, del 5,5% al 7% en 2012 y del 7% al 10% en 2014. La asociación también observa las grandes diferencias de precios de estos productos. Medicamentos, que pueden variar de uno a triple dependiendo de las farmacias. En promedio, la brecha es de alrededor del 190%.
La apertura a la venta en línea de medicamentos de venta libre desde fines de 2012 refuerza la "jungla arancelaria que reina en este sector" , además de degradar el acompañamiento de los pacientes, que todavía se considera como familias rurales. Muchos sitios no cumplirían con las normas aplicables en términos de asesoramiento a los consumidores: el 30% no ofrece un cuestionario para verificar la compatibilidad del medicamento con el estado de salud del paciente.
También en las farmacias físicas, la asociación deplora la desintegración de la información accesible, diciendo que "el 75% de las cajas no están etiquetadas", lo que indica su precio, y que la mitad se coloca en las pantallas ubicadas detrás del mostrador de farmacias .
Las familias rurales finalmente denuncian las campañas publicitarias "cada vez más agresivas" en el sector que hacen que los consumidores olviden los riesgos de ciertos medicamentos. La asociación insta a las autoridades públicas a implementar sanciones contra los profesionales que no respetan los derechos de los pacientes.
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