La CE debe comunicar a la justicia de la existencia de un delito en su comuna.
La puesta en marcha de una re-educación debe ser autorizada por el Estado.
La Iglesia española dará un paso hacia la transparencia contra la pederastia
Un nuevo protocolo obligará a comunicar a la fiscalía los abusos
Madrid
La Iglesia española silenció durante décadas los casos de pederastia que conoció; hubo ocasiones en las que encubrió al abusador trasladándole de parroquia y otras en las que ni siquiera investigó las denuncias recibidas, según ha acreditado la investigación iniciada por EL PAÍS hace cuatro meses. Esa situación va a cambiar. A partir de ahora, las autoridades eclesiásticas se comprometerán a que las denuncias de abusos a menores que reciban se comunicarán a la Fiscalía siempre que los padres de las víctimas o sus representantes legales no actúen.
Esta es la conclusión a la que ha llegado la comisión creada hace varios meses para estudiar una actualización de sus protocolos: aplicar transparencia contra la pederastia, según explicaron a EL PAÍS dirigentes eclesiásticos conocedores de esos trabajos.
La Conferencia Episcopal pretende que el nuevo protocolo entre en vigor tras la conclusión de la cumbre que el papa Francisco ha convocado en Roma para tratar el problema. La Congregación para la Doctrina de la Fe distribuyó unas directrices en 2011 donde explicaba que se debía tener en cuenta la legislación del Estado en el que cada conferencia episcopal se encontrara, "en particular en lo que se refiere a la eventual obligación de dar aviso a las autoridades civiles".
Un año antes, la Conferencia Episcopal Española había redactado un protocolo, a modo de recomendación para las 70 diócesis, en las que tan solo se establecía que el obispo debía “invitar o aconsejar a los familiares de la víctima a presentar ellos mismos la denuncia ante la policía, el ministerio fiscal o el juzgado de instrucción, conforme exige la Ley en este tipo de delitos”.
Con esa directriz de la Conferencia Episcopal, en España se siguieron registrando casos en los que la Iglesia instruía en secreto las denuncias recibidas sin trasladarlas a la Fiscalía.
Previamente al encuentro que se inicia este jueves en Roma, la Conferencia Episcopal Española ha contestado al cuestionario que el Vaticano le remitió preguntándole por los protocolos contra los abusos que existen en España. La cúpula eclesial reunió los distintos protocolos que aplican las 70 diócesis y algunos de los vigentes en distintas Congregaciones Religiosas. Muchos de esos protocolos no contemplan ahora la comunicación a la Fiscalía. Otros, como el de la Diócesis de Astorga, obligan al obispo a trasladar los hechos a las autoridades civiles.
La comisión antipederastia de la Iglesia española envió hace varios meses a uno de sus representantes a Estados Unidos, primer país donde estalló el escándalo de abusos masivos ocultados por las autoridades eclesiásticas, para visitar varias diócesis e informarse de las medidas que habían tomado contra la pederastia.
A diferencia de otros países que han hecho investigaciones exhaustivas sobre los abusos a menores en la Iglesia, España ignora cuántos casos se han registrado en los últimos años, dado que solo se conocen los que han pasado por la justicia civil. El Centro de Documentación Judicial apenas tiene registradas 34 condenas en los últimos 30 años por abusos a menores en la iglesia española.
Estas cifras, unidas a los pocos datos que la Iglesia ha facilitado y a las nuevas víctimas que han denunciado ahora los abusos suman 81 casos con 243 víctimas, según el recuento hecho por este periódico.
La Iglesia española está dividida en 14 provincias eclesiásticas con 70 diócesis en las que conviven 23.019 parroquias con 16.164 sacerdotes. Además, hay más de 53.000 religiosos y centenares de congregaciones.
Mirar para otro lado
En la única sentencia canónica conocida hasta ahora, publicada por EL PAÍS, el Obispado de Mallorca admitió en marzo de 2013 que en relación con abusos a menores en la Iglesia "se miraba, con frecuencia, hacia otro lado, disimulando los hechos que aparecían". La misma sentencia canónica, que condenaba a un cura a la expulsión del estado clerical por haber abusado de una menor de edad, señalaba que "con el paso del tiempo se ha dejado de encubrir a estas personas que por el cargo que ejercían aparecían ante la sociedad adornadas de una honradez fuera de toda duda".
El Gobierno español solicitó a la Conferencia Episcopal hace unos díasinformación sobre las causas abiertas por pederastia en sus tribunales eclesiásticos. Preguntada por este diario sobre esta petición del Gobierno, la Conferencia Episcopal contestó: "Estamos siempre disponibles a colaborar con los organismos judiciales competentes en esta cuestión y en todas las que se plantean. Por otra parte, la Conferencia Episcopal no tiene competencia jurisdiccional ya que esta reside en los ordinarios [obispos y superiores de las congregaciones religiosas] y en la Santa Sede".
Con esta respuesta, la Conferencia Episcopal sugiere que no facilitará al Gobierno la información pedida porque no la tiene y porque su colaboración se limita a los organismos judiciales. E indica, además, que si el Ejecutivo quiere conseguir esa información debe dirigirse a las diócesis, a las congregaciones y órdenes religiosas y al Vaticano.
BLÁZQUEZ LE DICE AL PAPA QUE SE HA REUNIDO CON VÍCTIMAS
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, explicó en el cuestionario remitido por el Vaticano que se había reunido con varias víctimas de abusos que se lo habían solicitado y que algunos obispos le habían comunicado que habían hecho lo mismo en sus diócesis, según explicaron fuentes de la Conferencia Episcopal Española.
Un mes antes de la reunión, el Papa había pedido a los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo que se reuniesen con los afectados de abusos que conocieran. La mayoría de las personas que han contado las agresiones que sufrieron por clérigos aseguran que nadie de la cúpula eclesial ha contactado hasta el momento con ellos.
El obispado de Astorga ha tomado la iniciativa y ha creado una delegación episcopal para apoyar a las víctimas. El equipo está formado por una psicóloga, especialistas en derecho canónico y civil, sacerdotes y una víctima que sufrió abusos.
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