El presidente de la Sala del Tribunal Supremo, señor Díez Picazo, especializada en ámbito económico, lleva contratado como profesor por un Centro de formación de la AEB. Es el que suspende la norma que repercute el costo de impuestos por documentos hipotecarios a los bancos y no a los clientes, refiriendo como causa de tal suspensión el coste que a la banca supone la devolución de hasta 4 años atrás por prescripción tributaria, el año 90 en el que se dictó la norma hoy vigente, o a todas las hipotecas sin límite de retroactividad.
Es decir, tal actitud por el presidente de Sala, supone una infracción por dependencia judicial y no independencia.
El Ministerio Fiscal debiera haber intervenido ya contra, al menos, el citado presidente de Sala corrupto.
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