La liga europea de países voluntarios
El inspirador del acuerdo migratorio Turquía-UE propone un pacto de Gobiernos liberales para el asilo
Barcelona
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"Tenemos un plan alternativo para encauzar la emigración a Europa, nos gustaría llamarle Sánchez-Macron, porque querrá decir que ambos lo asumen y patrocinan, y que vinculase al Mediterráneo con Alemania: se basa en una coalición de Gobiernos voluntarios, el pacto con los países de origen y la rapidez en los procedimientos de asilo". Así anuncia su nuevo proyecto Gerald Knaus, líder de European Stability Initiative (ESI), la organización que proyectó en 2015 el polémico acuerdo entre Turquía y la Unión Europea, que redujo la entrada de refugiados por Grecia a un 4%.
Knaus apremia a una actitud "no tan defensiva" con los "dirigentes xenófobos" como Matteo Salvini (Italia) o Víktor Orban (Hungría), pues "aparentan tener planes, pero carecen de ellos". Y armar de argumentos a la ciudadanía para arrinconarlos en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mayo, que a buen seguro se centrarán en la cuestion migratoria. El activista, que acaba de detallar su proyecto en la Universidad Menénendez y Pelayo de Santander —en el curso dirigido por el ministro de Exteriores, Josep Borrell—, lo presentará pronto al Gobierno.
Su carta de presentación la componen los logros del pacto con Turquía: el descenso de las llegadas "en un 96% y aun superior en el número de muertes", el rápido uso de los 3.000 millones de ayuda europea "que es dinero líquido accesible al instante para los beneficiarios en los cajeros" y la sintonía en este asunto entre el país más receptor (Alemania) y el que acoge a más refugiados (Turquía).
Aunque minimiza las serias críticas recibidas desde la perspectiva de los derechos humanos, es muy acerbo con la lentitud de los paneles que deciden en las islas griegas si los aspirantes pueden acogerse al asilo y sobre la tramitación de sus apelaciones. Y sobre sus penosas condiciones de vida.
El plan de ESI, (un resumen en The right refugee policy for Europe) se compone de tres pilares, que Knaus desgrana en una conversación con este diario. El primero son los acuerdos con los países de origen. El objetivo es desincentivar la llegada de pateras y botes, poner orden en las llegadas. A España llegan muchos subsaharianos y menos norafricanos; muchos emigrantes económicos pero pocos refugiados en busca de asilo, porque hay menos persecución política que hambre. El pacto debe basarse en que “absorberemos a menos y ellos podrán vehicular más flujos legales, sustituir los movimientos clandestinos por los legales”. Para Europa eso es esencial porque es el descontrol lo que da bazas al populismo, a que los Orbán y Salvini proclamen: "Expulsemos a toda esta gente".
El segundo pilar son los procedimientos rápidos de asilo. La mejor manera de ordenar los flujos es un sistema rápido "que decida en semanas si quien pide asilo tiene derecho o no". En esto la referencia es Holanda, que despacha la mayor parte de solicitudes, incluida la resolución sobre las apelaciones, "en menos de seis semanas". El centro de refugiados de Ter Apel toma decisiones rápidas y si son de devolución (si el solicitante no acredita motivo político o si amenaza a la convivencia) se aplican desde el primer día.
Los números europeos son manejables: en el primer semestre de este año se han cursado 45.000 peticiones. Algunos de los que más gritan exhiben menos razones; Italia prestó asilo en 2017 a 12.280 personas, la mitad que los 22.565 acogidos por Francia; los que más reciben siguen siendo Alemania, Austria y Suecia. Se necesitarán centros europeos en países fronterizos, otros apoyarán con recursos, otros absorberán a parte de los aceptados. “Necesitamos garantizar el derecho al asilo a los perseguidos, pues casi todos los países ricos lo deniegan": se sabe lo de Trump, pero Japón no acoge y Austrialia, apenas.
Y el tercero es la reubicación voluntaria entre países. El sistema de cuotas obligatorias propuesto por la Comisión "fue un gran error". Es un tema muy sensible, y por eso resulta difícil fijar obligaciones a los Estados miembros. Y también constreñir a los emigrantes a ir a uno u otro país, pues "quieren ir adonde quieren ir".
La prueba de ineficacia es que en dos años solo se ha recolocado a 29.000 personas, de 600.000. Las cuotas obligatorias “ni han funcionado ni funcionarán”, ni tampoco las distintas versiones del convenio de Dublín [que atribuye a los países europeos fronterizos toda la responsabilidad], la idea alemana de devolver refugiados a los países mediterráneos de entrada "es una fantasía".
La clave es establecer una liga o coalición europea de Gobiernos voluntarios y "países liberales" que comparta por convicción a los acogidos y "haga frente a los discursos xenófobos". Al final, todos los Estados habrán de contribuir —para acogidas e infraestructuras— y de forma flexible, incorporando a las regiones y los municipios.
Todos pagarán. Francia, España, Alemania, Suecia, Holanda y Portugal... deben tomar la iniciativa y decir al Gobierno húngaro y al italiano que "si quieren seguir gozando de la libertad de circulación de Schengen, deben pagar", aunque no se les obligue a acoger al personal, remata Knaus.
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