La estrecha relación de Garzón con Ollé también viene de largo, por cuanto magistrado y letrado han coindicido en la instrucción de numerosas causas de justicia universal. En 2016 ambos, junto con el abogado Eduardo Ranz, presentaron un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el que alegaban que el Consejo de Ministros había vulnerado el derecho de petición en su propuesta de convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria histórica.
Entre otras cuestiones, solicitaban la exhumación de Francisco Franco y Primo de Rivera del Valle de los Caídos. En febrero de 2017 el Alto Tribunal desestimaba el recurso sin pronunciarse sobre el fondo de un asunto que hoy enarbola el Ejecutivo de Sánchez con tanta urgencia que le ha llevado a aprobar el desenterramiento del dictador por decreto-ley.
Más recientemente Ollé ha sido el abogado defensor de uno de los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus novias en Alsasua (Navarra), una acción calificada por la Fiscalía como terrorista. Durante su informe final, Ollé, letrado de Julen Goikoetxea, acusó al Ministerio Público de «tomar decisiones que sombrean el Estado totalitario», en referencia a su petición de cárcel.
Se da la circunstancia de que su cliente, condenado a nueve años de cárcel, fue trasladado de la prisión de Soto del Real a la alavesa de Zaballa el pasado 17 de agosto.
Por su parte, Manuel Miguel Vergara Céspedes, es profesor de Derecho Penal en el Instituto de Empresa, asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), y abogado del despacho fundado por el juez inhabilitado, mientras que Hernán Hormazábal, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH), es firme defensor del exjuez de la Audiencia Nacional en tribunas abiertas.
En la primera reunión celebrada ayer, Delgado les pidió un primer informe que permita que la reforma de la justicia universal se adapte a la realidad social y a los tratados internacionales suscritos por España.
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