http://www.elmundo.es/espana/2018/07/27/5b5afe30e5fdeacc6a8b4697.html
El juez de la Audiencia NacionalJosé de la Mata ha acordado ampliar la investigación en del caso 3% y ha imputado a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y al PDeCAT por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. El magistrado emplaza a las formaciones a que, como personas jurídicas ahora investigadas, designen abogado y procurador.
En un auto, el magistrado explica que en esta causa se investiga a altos cargos de CDC, que en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político. Lo hicieron de forma encubierta mediante "donaciones" a fundaciones ligadas a dicha formación (Catdem y Forum Barcelona), "en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de 'dirigir' los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con 'donaciones' al partido".
La imputación de CDC se extiende al PDeCAT al estimar el juez que no es más que una prolongación del anterior.
El juez se remonta a julio de 2016, cuando desde CDC se toma la decisión de cesar en su actividad e impulsar la fundación de un nuevo partido político, el PDeCAT. De la Mata concluye que la creación de este partido se corresponde con "la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente (CDC)".
"La conclusión alcanzada -dice el juez- es que la supuesta disolución como "actor político" de CDC y la creación del PDeCAT como nuevo partido político, pudiera definirse como meramente aparente, al conservarse en el nuevo partido una identidad sustancial con la estructura, funcionamiento y recursos humanos y materiales, con los que contaba el anterior partido y que, en muchos casos, son titularidad de CDC". Estos indicios, agrega, parecen "corresponderse con el hecho de que, a los limitados efectos que ahora interesan, la creación del PDeCAT se podría identificar con una mera transformación o incluso con un simple cambio de apariencia, del partido que impulsa su creación, CDC, para eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir". Por todo ello, el juez acuerda que procede ampliar la presente investigación atribuyendo la condición de personas investigadas a CDC y PDeCAT.
En cuanto a los pagos en los que se centra la investigación, el juez explica que se obtenían por las Fundaciones y, por ende, por el partido político CDC, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios, con "vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia y, en otras simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos".
El monto total de licitaciones comprometidas asciende por el momento a 218.759.664,19; el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168.706.262,00, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1.777.626,84 ) y las prórrogas (4.539.755,37 ), es decir, aproximadamente 175.000.000; las "donaciones" irregulares ligadas a estas adjudicaciones ascienden a más de 1.000.000.
El instructor afirma que tanto los órganos como el personal con responsabilidad directiva en CDC estaban en conocimiento de las irregularidades advertidas en relación con la operativa de financiación que se investiga, por tanto, concluye que esta formación política "carecía de normativa de control interna, y conocía, al menos a través de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, las irregularidades que pudieran derivarse de los pagos a través de los cuales sus Fundaciones vinculadas, derivan a favor del partido buena parte de las aportaciones económicas que reciben en concepto de donación".
La operativa investigada, según el juez, "ha estado sostenida en el tiempo, de carácter sistémica, y permanece inalterable, con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de dichas estructuras". Como prueba de ello, señala que los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos investigados.
El juez afirma que pese a ser conocedores de esta operativa de financiación ilícita, en las que se utilizaba a las fundaciones vinculadas al partido como "sociedades interpuestas" a través de las cuales, empresas adjudicatarias de contratos públicos hacían llegar al partido comisiones, que simulan corresponderse con donaciones, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido no habrían emprendido ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantuvo, al menos, durante 11 años.
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