Se hace imprescindible un registro continuado de la actividad docente universitaria y de gestión de recursos de la Universidad del Estado del Reino de España con independencia de la titularidad, pública o privada.
La barbaridad de venta de títulos universitarios ha de provocar una inmediata intervención judicial junto con la suspensión de la actividad académica y su traslado a otros centros universitarios en espera de la intervención judicial.
Me resulta curioso que no haya habido de una intervención del Centro Universitario y puesto a disposición judicial el Rector, el Vicerrector de Personal y de Alumnos y Gerente, así como la comunicación a Italia de la inmovilización de los títulos universitarios y la detención de los perceptores delincuentes.
Se ha de abrir un análisis de todos los centros universitarios con la participación de los alumnos para procurar no someter a los alumnos a estafa y apatía.
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