Ley francesa para la Agricultura y la Alimentación. ¡IMPORTANTE!

Adopción de la Ley francesa para la Agricultura y la Alimentación El proyecto de Ley resultante de los Estados Generales de la Alimentación (EGAlim) ha sido definitivamente aprobado por la Asamblea Nacional francesa el pasado 2 de octubre, tras un último tropiezo en el Senado que condiciona su entrada en vigor.

LEGISLACION| DISTRIBUCION| ALIMEN TACION| EUROPA|FRANCIA PARIS 11.10.2018

El texto del Proyecto de Ley para el equilibrio de las relaciones comerciales en el sector agrario y alimentario y para una alimentación sana y sostenible y accesible a todos, resultante de los Estados Generales de la Alimentación que se celebraron entre julio y diciembre de 2017, ha sido finalmente adoptado por la Asamblea Nacional el pasado 2 de octubre, tras haber sido rechazado en segunda lectura por el Senado el 25 de septiembre alegando que el texto no era suficientemente ambicioso. La principal fuente de conflicto ha sido el papel del “Observatorio público francés de la formación de precios y de los márgenes de los productos alimentarios” en el proceso de diseño de los indicadores de costes de producción y de precio que deben incluir los contratos para referenciar los precios. Así, los senadores, en línea con los sindicatos agrarios, eran partidarios de que este Observatorio pudiera intervenir directamente en el proceso, definiéndolos y validándolos. Sin embargo, en el texto final propuesto por la Asamblea Nacional se le otorga un mero papel de asesor, recayendo toda la responsabilidad de fijar los indicadores en las OIAs. Esto ha llevado a un grupo de 60 Senadores a presentar un requerimiento ante el Consejo Constitucional, alegando que el texto de la misma vulnera ciertos principios constitucionales. Este requerimiento tiene como consecuencia inmediata la suspensión de la entrada en vigor de la Ley, prevista por etapas (algunas disposiciones de forma inmediata, otras en enero de 2019 y otras en enero de 2020 e incluso posteriormente) ya que el Consejo tiene un plazo de entre 8 y 30 días. En lo que se refiere al contenido de la ley aprobada, consta de 98 artículos (frente a los 17 previstos en el proyecto inicial) que se estructuran en dos títulos principales, un primero destinado a mejorar el equilibrio de las relaciones comerciales en el sector agrícola y alimentario y garantizar la soberanía alimentaria francesa con la preservación de la capacidad de producción agrícola y la remuneración justa de los agricultores y un segundo título que tiene como objetivo fortalecer la calidad sanitaria, ambiental y nutricional de los productos para una dieta sana, de calidad y sostenible y para reducir las desigualdades sociales. El título primero prevé que el proceso de construcción del precio pagado a los agricultores se invierta y que el mismo dependa de los costes de producción de los productores, de forma que el contrato y el precio asociado serán ofrecidos por el productor. Se incrementa el umbral de venta a pérdidas en un 10% y se limitan las promociones (por ejemplo, se prohíbe el 1x1 y el término “gratuito”). Por su parte en el título II, se recogen relativas a la comercialización de los productos fitosanitarios, separando las actividades de venta y de consultoría, y prohibiéndose los descuentos y rebajas en la venta de dichos productos. Se prohíbe además el uso de neocotinoideos y de toda sustancia química que tenga el mismo modo de acción y se suspende la comercialización del aditivo dióxido de titanio (E 171) y de todos los alimentos que lo contengan. En la restauración colectiva (colegios, hospitales residencias, centros penitenciarios) habrá obligación de comprar al menos el 50% de los productos procedentes de la agricultura ecológica, local, o bajo signos de calidad o bien que tengan en cuenta el coste del ciclo de vida del producto (de los que al menos un 20% deberá ser de agricultura ecológica) y se limita de forma importante el uso de recipientes plásticos. Además, se obligará a etiquetar los países de origen de la miel y se reforzará el etiquetado de origen del vino. En lo que se refiere al bienestar animal, se prohíbe la instalación de nuevas granjas de gallinas ponedoras en jaulas y la reforma de las actuales y se prevé la experimentación de video vigilancia de mataderos de forma voluntaria.