http://www.elmundo.es/cataluna/2018/04/25/5adf88d022601d7d788b45a7.html
La Abogacía del Estado ha comunicado al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que considera "acreditada" y "obvia" la "utilización de fondos públicos para promover y organizar el ilegal referéndum". Y añade que el mecanismo utilizado por los líderes independentistas fue el de emplear "partidas presupuestarias ocultas" para que el desvío de fondos públicos pasara inadvertido.
En un informe fechado el pasado 9 de marzo y al que ha tenido acceso EL MUNDO, la Abogacía del Estado de Barcelona considera un hecho consumado el delito de malversación de caudales públicos. Desmiente así de forma categórica al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que negó en declaraciones a EL MUNDO la utilización de dinero público para la votación ilegal. Además, este informe pone en cuestión otro de los argumentos empleados por Montoro durante los últimos días: esgrimir como aval que la interventora general de la Generalitat catalana ha certificado que no se utilizó dinero público.
A juicio de la Abogacía del Estado, la explicación de que esta alta funcionaria haya negado reiteradamente el uso de fondos públicos radica precisamente en la ocultación de las partidas presupuestarias.
De ahí que, explican los letrados de la Administración, "siga afirmando en los requerimientos que no le consta que se hayan utilizado fondos públicos en la promoción y organización del referéndum". Por lo que, insisten los abogados del Estado, "sea necesaria la instrucción judicial para acreditarlo".
Este organismo considera además que el delito de malversación de caudales públicos, junto con los de prevaricación, desobediencia o revelación de secretos, "sirven de medio para la comisión de los delitos de rebelión o sedición".
Y es que, añade en el referido informe, "la celebración del referéndum era la excusa jurídica que trataba de dar apariencia de legitimidad a la secesión de la comunidad autónoma sin previa reforma constitucional". "A la vez, la celebración del referéndum sólo podía tener lugar si se obstaculizaba mediante la violencia o el tumulto de las masas en las calles y centros de votación que las fuerzas del orden impidieran su celebración, prohibida por la ley y la justicia", apostilla.
Este periódico ha tenido acceso además a los últimos requerimientos efectuados por el Ministerio de Hacienda a la interventora de la Generalitat por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Esta instancia judicial exigió el pasado 23 de noviembre, "en virtud de las potestades que le confiere la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española", que se informara de cualquier disposición de fondos públicos para sufragar la consulta ilegal.
Durante los últimos meses, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, se ha dirigido a Rosa Vidal después de detectar, entre otras cuestiones, importantes incrementos salariales entre los promotores del procés. Así, destaca que se vio beneficiado por estas subidas Carles Viver, ex director del Instituto de Estudios Autonómicos, posteriormente denominado Instituto de Estudios de Autogobierno. "Una vez observadas las nóminas de Viver", señala Hacienda, "se ha podido observar un incremento de su salario", que pasa de 3.613,94 euros a 9.538,60. Por ello, exige el Ministerio que "se deberá aportar el concepto retributivo de este incremento en la nómina mensual". Y "en el caso de que se trate de gratificaciones", que "se identifique la causa de tal gratificación". "Si se encuentra vinculada a la publicación o elaboración de algún informe, documento, publicación o asistencia a cualquier tipo de evento", que "se detalle el mismo".
El caso de Viver no es el único. Algo similar ha sido hallado en las nóminas de Gerard Martín, jefe del Área de Asesoramiento sobre la organización del Instituto de Estudios de Autogobierno. En su caso, al igual que en el de Viver, los incrementos han sido descubiertos en los meses previos al referéndum ilegal, pasando sus retribuciones de 2.213,68 euros a 7.510,46.
Al igual que en el primer caso, Hacienda requiere cualquier justificante que explique este aumento en caso de que exista.
También se encuentra bajo sospecha la quinta edición del premio Vilaseca i Marcet, por el que la Generalitat pagó 10.000 euros brutos a Pau Bossacomapor un trabajo titulado Justicia y legalidad de la autodeterminación nacional y la secesión. El beneficiario de este galardón era asesor en materia de estudios y coordinación de políticas públicas del Gobierno catalán.
En la lista de requerimientos de Hacienda a la Generalitat pide también que sean justificados exhaustivamente todos los pagos realizados con dinero público a la empresa Focus Media por importe de 2,1 millones de euros. "Se solicita copia del producto recibido en cada uno de los contratos, cualquiera que sea su formato, así como cualquier inserción que de dichos productos se haya realizado en cualquier medio de comunicación".
A su vez se exige al Gobierno catalán una relación completa de todos los pagos realizados "desde 2015 hasta la actualidad" al grupo Mediapro, propiedad del empresario Jaume Roures. Hacienda reclama "expedientes, documentación, notas, comunicaciones" y hasta "borradores" de todos los pagos.
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