Nuevo informe que la Guardia Civil remite al titular del Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona donde apunta directamente a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, por no haber denunciado el posible desvío de 2,5 millones de fondos públicos por parte del Govern de Carles Puigdemont destinados a sufragar el desafío independentista.
En concreto, en el nuevo documento policial, al que ha tenido acceso El Independiente, los agentes del Instituto Armado sostienen que la responsable de la Intervención de la Generalitat de Cataluña tuvo conocimiento de que con la denominada campaña Civisme, a través de la que el Govern pretendía promocionar el referéndum ilegal, se podía cometer una malversación de caudales públicos de 2,2 millones sin que la interventora “haya activado ningún procedimiento para denunciar esas acciones”.
Asimismo, la Guardia Civil reprocha a Vidal que no haya denunciado el intento de cobro de una factura de 238.965 euros por parte de Unipost ya que “ese intento de cobro podría suponer al menos una estafa”. Dicha factura se trató cobrar en dos ocasiones y en ambas la Generalitat rechazó el mismo sin poner en conocimiento del Gobierno central lo sucedido.
Por esta razón, los agentes explican que si bien esos fondos no llegaron a ser destinados al ‘procés’ la intención del Govern fue hacerlo y el celo de la interventora Vidal poniendo en conocimiento del Estado estos hechos brilló por su ausencia. Además, en su informe resaltan que la interventora participó en un acto de compromiso con el referéndum ilegal el pasado 21 de abril.

Explicaciones a la interventora

El citado informe se enmarca dentro de la investigación que está llevando a cabo el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer sobre las facturas de la empresa Unipost para cobrar los envíos electorales del 1-O por un total de 979.661,96 euros y que se repartían entre cinco Consejerías de la Generalitat.
Carta a la interventora de la Generalitat
Carta a la interventora de la Generalitat 
Por otro lado, el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, a través del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Mora, exige a la Interventora General de la Generalitat que justifique el notable incremento salarial -hasta los 9.538,60 euros- experimentado en la nómina del exmagistrado del Tribunal Constitucional y expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) Carles Viver Pi i Sunyer en julio del pasado año. En dicha comunicación, conocida por este periódico, se ordena a Vidal que explique la razón de esos incrementos retributivos y premios en metálico experimentados por otros asesores jurídicos de la Generalitat.
En concreto, el secretario de Estado pide de forma específica a la interventora Rosa Vidal que aporte el concepto retributivo del incremento en las nominas y, en el caso de que se traten de gratificaciones, se identifique la causa de la misma.