miércoles, 31 de enero de 2018

Asistencia médica vs asistencia sanitaria.

Indefensión frente a los curanderos 
https://elpais.com/elpais/2018/01/31/opinion/1517419827_037198.html



Indefensión

La absolución de un curandero revela la dificultad de probar los efectos dañinos de las pseudoterapias

Pacientes en tratamiento de quimioterapia, en el Oscar Lambret Center de Lille (Francia).
Pacientes en tratamiento de quimioterapia, en el Oscar Lambret Center de Lille (Francia). PHILIPPE HUGUEN (AFP/GETTY IMAGES)
La absolución del curandero José Ramón Llorente, acusado de los delitos de homicidio por imprudencia grave e intrusismo por la muerte del joven Mario Rodríguez, de 21 años, pone de manifiesto la dificultad de probar la relación de causa efecto entre las pseudoterapias y sus posibles efectos dañinos. El joven sufría leucemia y abandonó el tratamiento de quimioterapia que le había prescrito el hospital tras acudir a la consulta del acusado. El curandero, que no ha podido acreditar ninguna titulación sanitaria homologada, se presentaba como especialista en “medicina naturista y ortomolecular”.
El juez argumenta que no se ha probado que el curandero aconsejara abandonar la quimioterapia, ni que exista una relación de causa efecto entre el abandono del tratamiento y la muerte y que, en todo caso, las decisiones últimas fueron adoptadas de forma libre y consciente por el propio joven. Este caso revela la indefensión en que pueden encontrarse quienes confían en falsos terapeutas que aplican técnicas no acreditadas científicamente. Especialmente peligrosas son aquellas que se ofrecen como alternativa absoluta a los tratamientos de la medicina científica, porque eso significa que privan a quienes las siguen de las oportunidades ciertas de curación que esta les ofrece.
La normativa española considera las medicinas alternativas como “actividades sanitarias” a condición de que sean atendidas por licenciados y titulados sanitarios. A pesar de ello, hay abiertas miles de consultas con profesionales que no tienen los títulos requeridos ni la preparación necesaria para intervenir en problemas de salud. Esta situación de alegalidad permite que proliferen los fraudes y, en ocasiones, prácticas que ponen en peligro la salud de quienes confían en ellas. Las autoridades sanitarias deben poner freno a un problema que va a más por la gran desinformación que hay al respecto, las deficiencias de marco legal y la escasa actividad inspectora.

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