Torra: “No nos resignamos a una sentencia injusta que traería más conflicto”
El presidente catalán elige un teatro en vez del Palau de la Generalitat para presentar su propuesta política
Barcelona
El juicio de los políticos presos marcará el ritmo político en los próximos meses y este martes, en una conferencia política en Barcelona, el presidente de la Generalitat Quim Torra esbozó —sin una sola concreción— cómo piensa abordarlo. El president insistió en el referéndum pactado y en mantener el diálogo con el Gobierno, pero dejó claro que no aceptará una sentencia condenatoria. Eso sí: dejó en el aire cómo haría efectivo un eventual desacato. Torra invitó a la ciudadanía a que se sume a una “movilización continua” en defensa de “los derechos y libertades” y aseguró que el independentismo “no ha renunciado a nada”.
Nuestra voz será la de los encausados”, aseguró Torra ante un Auditori Nacional de Catalunya completamente lleno, en una conferencia titulada Nuestro momento y que duró poco más de una hora. Flanqueado por la senyera y un gran lazo amarillo, el presidentaseguró que sólo concibe una sentencia absolutoria porque “los delitos de los cuales son acusados nuestros compañeros son inexistentes”. “Votar no es un delito”, dijo. Varios miembros del anterior Ejecutivo catalán liderado por Carles Puigdemont están en prisión preventiva y serán juzgados por presuntos delitos de rebelión y malversación de fondos.
“No nos resignamos a unas sentencias injustas que sólo traerían más dolor, más conflicto. Sobre humillaciones no se construirá nunca nada”, alertó Torra, que consideró que una decisión judicial contraria a los intereses del independentismo sería “más grave” que la sentencia del Constitucional que recortó el Estatut en 2010. Con todo, el president no reveló cómo se concretará ese posible desacato y solo se limitó a asegurar que la reacción a una hipotética sentencia inculpatoria será “una respuesta de país”. “Estudiaré qué decisiones hay que emprender y me pondré a disposición del pueblo de Cataluña, a través de sus representantes legítimos en el Parlament”, dijo.
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El Govern considera que la forma en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez gestione su papel en el juicio contra los políticos presos es la prueba de algodón sobre su cambio de paradigma sobre Cataluña. Sin embargo, a diferencia del líder de Esquerra, Torra no pidió de una manera explícita al Gobierno que promueva un cambio de parecer en la Fiscalía o la Abogacía del Estado de cara al juicio. En el texto del discurso que hizo circular su partido, Torra sí hablaba de “una negociación de buena fe que incluya la liberación de los presos políticos y el libre retorno de los exiliados”. Torra, sin embargo, decidió a última hora omitir esa polémica referencia.
El president también aprovechó para lamentar que Sánchez continúe en la pantalla de un cambio en el Estatut —“esa propuesta es interesante”, dijo, pero “el debate en la sociedad catalana no es ese”— e insistió en la idea de permitir un referéndum de autodeterminación. Celebrar esa votación, insistió, permitiría poner el contador a cero en la reivindicación independentista. Hasta que no se haga esa votación, expresó Torra, el mandato vigente será el del referéndum del pasado 1-O, declarado ilegal por el Constitucional.
Esos argumentos ya habían sido esbozados en los últimos días por varios miembros del Govern, que este martes ocupaban la primera fila del recinto. La oposición criticó, por su parte, que se escogiera un teatro y no se eligiera la sede del Parlament. El texto final fue consensuado por Torra con Esquerra Republicana y el expresidente Carles Puigdemont, que hoy recibirá en Waterloo al grupo parlamentario de Junts per Catalunya. La gran incógnita era cómo plantearía el president la desobediencia a la sentencia del Supremo después de un agosto en el que el volumen de la retórica ha subido decibelios. Pero algo ha cambiado: Torra huyó de planteamientos maximalistas y optó por moderar el tono, aunque su argumentario no cambia.
El president también hizo un llamamiento para que la espera hasta el juicio, que aún no tiene fecha, sea acompañada por una “gran marcha en defensa de los derechos civiles, sociales y nacionales”. “Focalicemos todos los esfuerzos y la inmensa energía positiva y democrática a convertir cada instante hasta que se emitan las sentencias en una gran movilización”, pidió en castellano, ratificando así la estrategia del independentismo de buscar simpatías a su causa más allá de Cataluña, y apelando a una supuesta lucha compartida, por ejemplo, a favor a abolir la monarquía.
“Esta conferencia también es una propuesta a todos los ciudadanos de España, piensen como piensen sobre la independencia de Cataluña, pero que, frente a la violencia, las amenazas y las injusticias deseen sumarse a una marcha en defensa de los derechos civiles y sociales. No queremos vencedores ni vencidos”, dijo Torra.
Calendario a favor
Ese llamamiento a la movilización, señaló Torra, tiene una primera cita el próximo 11 de septiembre, con la Diada, y se extenderá a otras fechas como la conmemoración del 1-O o la declaración política de independencia del día 27 de ese mes. Torra aseguró que “el independentismo se ha hecho grande” en este último año y que ya “el mundo nos considera un sujeto político de facto”, una labor que, a su juicio, se verá apoyada por el Consejo de la República, el ente que Puigdemont pondrá en funcionamiento desde Waterloo en los próximos días y cuya principal labor será convertirse en altavoz del independentismo a nivel internacional.
Torra, que lleva poco más de 100 días al frente a la Generalitat, no entró al detalle del balance de sus tres meses de Gobierno y tampoco fue muy generoso en ofrecer detalles de qué hará al margen de volcarse en el apoyo y la defensa de los políticos en prisión preventiva. Sólo se limitó a poner de relieve que la actividad política que realizará será “en clave de cambio republicano” y puso el énfasis en uno de los temas que está sobre la mesa en la Comisión Bilateral con el Gobierno: la recuperación de las 14 leyes, la mayoría de carácter social, que fueron recurridas ente el Tribunal Constitucional por el anterior Ejecutivo del PP.
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