viernes, 10 de mayo de 2019

Experimento con presss.

 
 
Francisco Fernandez Marugán, defensor del Pueblo en funciones, en julio de 2017 en la sede de la institución.
© Kike Para Francisco Fernandez Marugán, defensor del Pueblo en funciones, en julio de 2017 en la sede de la institución.
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, remitió este jueves al Ministerio del Interior un informe en el que avala la decisión de Instituciones Penitenciarias de suspender un experimento con electrodos a presos violentos, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la institución. El experimento se inició en 2016 en las cárceles de Huelva y Córdoba y debía retomarse en marzo, pero Prisiones lo paralizó al trascender los detalles. Aunque el documento no es vinculante, fuentes de Interior apuntan que se seguirán sus recomendaciones.
El informe es el resultado de la investigación que el Defensor abrió de oficio —sin que mediara ninguna denuncia— a los pocos días de que se conociera públicamente que 41 presos, 15 de ellos homicidas, habían sido sometidos a sesiones de estimulación eléctrica cerebral para estudiar su agresividad. Según fuentes conocedoras del documento remitido a Interior, el Defensor insiste en él que los reclusos, en su condición de personas bajo custodia, tenían limitada la voluntariedad con la que aceptaron participar en el experimento, aunque hubieran dado su autorización por escrito. En este sentido, el Defensor recalca que en cualquier estudio científico en el que se pide la participación de presos “hay que garantizar con el máximo rigor que el consentimiento que prestan es verdaderamente libre”.

Graves carencias documentales

La investigación interna de Instituciones Penitenciarias reveló que el expediente que precedió a la autorización de la primera fase del experimento de 2016 tenía importantes carencias documentales. Los responsables de Prisiones convocaron en Madrid a Andrés Molero, el psicólogo que coordinaba el estudio, para que aportara más de 180 documentos. Finalmente, Interior remitió a principios de abril más de 400 folios al Defensor. Esta documentación ha sido la utilizada para elaborar el informe en el que Fernández Marugán rechaza el experimento con electrodos a presos violentos.

El estudio, que estaba coordinado por los psicólogos Andrés Molero, de la Universidad de Huelva, y Guadalupe Nathzidy Rivera, de la Universidad Autónoma de Baja California, en México, mostró caídas de hasta un 37% en sentimientos como la agresividad. Sus resultados fueron dados a conocer en enero en la revista especializada Neuroscience y fueron divulgados en marzo en la revista británica New Scientist.
Esta primera fase del experimento contó con el visto bueno de Prisiones, que entonces exigió a sus autores que cumplieran con la Ley de Protección de Datos para preservar el anonimato de los reclusos, que la participación de estos fuera voluntaria y que, además, hicieran un consentimiento por escrito. También reclamó a los científicos que enviaran una copia del informe con los resultados. Ninguno de los 41 presos recibió nada a cambio.
La segunda fase del estudio había sido autorizada el pasado 22 de enero y se iba a iniciar en marzo. Sin embargo, Interior lo paralizó al trascender los detalles del experimento. Entonces, solicitó a la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria un informe sobre los posibles efectos en los internos que participaran y si se ajustaba al Régimen Penitenciario. Esta norma, en su artículo 211, exige que para someter a los reclusos a investigaciones médicas, estas deben ser aprobadas por una comisión ética y que de las mismas se espere “un beneficio directo y significativo” para la salud de interno “y con idénticas garantías que las personas en libertad”. Expertos en bioética consultados entonces por este diario respaldaron el experimento y decían no entender por qué se había paralizado.
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