El Gobierno advirtió este miércoles al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa de Junts per Cat y ERC que la decisión que han tomado de someter mañana a votación en el Pleno de la Cámara las enmiendas de la CUP pidiendo la recuperación de la "república" catalana es ilegal.
"Los Servicios Jurídicos del Estado están estudiando las responsabilidades en que pudieran incurrir los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña si finalmente admiten a trámite la enmiendas de la CUP por su carácter ilegal y contrario a la Constitución y el Estatuto de Cataluña", señalan fuentes del Gobierno.
El Ejecutivo "velará en todo momento por el cumplimiento de la ley, como ha venido haciendo hasta ahora. Y seguirá ejerciendo con la mayor eficacia posible la administración de los asuntos ordinarios en Cataluña, en tanto en cuando no haya un Presidente elegido de acuerdo con la ley y el reglamento del Parlamento", señalan las mismas fuentes en alusión a la vigencia del artículo 155 de la Constitución.
Los anticapitalistas de la CUP instan en sus enmiendas a la Cámara para que "reitere y reafirme" la declaración de independencia del 27 de octubre, lo que según han advertido los letrados del Parlament puede ir en contra de los avisos del Tribunal Constitucional.
La enmienda de la CUP se incluye a la propuesta de resolución de JxCat, que busca legitimar a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, texto que los anticapitalistas han tachado esta mañana de "broma autonomista". Los antisistema están presionando a sus socios de cara a la investidura e incluso avisan que solo darán apoyo a aquel candidato que esté dispuesto a plantar cara al Estado.
Fiscalía tambíen interviene
La Fiscalía ha emitido una nota sobre la intención de la Mesa del Parlament de reafirmar en el Pleno de este jueves la declaración de independencia.
"Ante la noticia de que la Mesa del Parlament ha admitido a trámite una enmienda para que en el pleno de mañana "se reafirme y reitere la declaración de independencia" aprobada en la Cámara catalana el pasado 27 de octubre, la Fiscalía General del Estado quiere trasladar a la ciudadanía:
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