90 personas dependientes con derecho reconocido fallecen al día sin recibir ningún servicio
El Estado aporta solo el 17% del gasto público directo en dependencia cuando debería encargarse del 50%
Madrid
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Alrededor de 150.000 personas dependientes con derecho reconocido han muerto en los últimos cinco años sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia. Eso deja una cifra diaria de 90 fallecidos que no se beneficiaron de una ley lastrada por los recortes. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales destaca que el 29% de los dependientes(348.309 personas y a sus familias) no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tienen pleno derecho. A 31 de diciembre de 2016 había en España 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban pendientes de valoración.
Nueve autonomías aprueban y ocho suspenden. Castilla y León obtiene la mejor puntuación (8,93) seguida de La Rioja (7,86), Andalucía y Castilla-La Mancha (6,79). A continuación figuran Madrid, Galicia y Murcia (6,07), País Vasco (5,36) y Extremadura (5). No aprueban Asturias (4,64), Ceuta y Melilla (4,29), Cataluña (3,93), Cantabria y Baleares (3,57), Comunidad Valenciana (3,21), Navarra (2,86), Aragón (2,5) y Canarias (1,79).
El recorte acumulado en Dependencia por parte de la Administración General del Estado es de 3.773 millones de euros desde mediados de 2012, a raíz de un real decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy, presidente desde diciembre de 2011. En concreto, la disminución de la financiación a las comunidades autónomas desde mitad de ese año al pasado diciembre fue de 2.236 millones de euros. Las comunidades se quejan de que el Gobierno no cumple con el reparto proporcional del mantenimiento del sistema de dependencia. Esta queja fue uno de los asuntos principales de la Conferencia de Presidentes de enero: regiones como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura reprocharon que el Estado solo cubría entre el 15% y el 20% del coste. Sus protestas tenían fundamento: el Gobierno soportó el 17% del gasto público directo en dependencia en 2016 frente al 83% de las autonomías. Ramírez subraya que resulta “imprescindible” dotar al sistema de la “necesaria suficiencia financiera”. Otra derivada son los empleos potenciales que se podrían haber creado: el informe del Observatorio de la Dependencia calcula que ha perdido la oportunidad de crear 78.000 trabajos netos.
El promedio del gasto público anual por dependiente atendido en España fue de 6.833 euros en 2016, frente a los 7.437 euros de media de 2011, antes del cambio de Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero al de Rajoy. Otro parámetro, el de gasto medio anual por individuos potencialmente dependientes, fue de 555 euros. Esta partida varía enormemente en función de la comunidad autónoma. Así, Cantabria destinaría 906,51 euros, seguida de País Vasco (898,09), La Rioja (767,59) y Castilla-La Mancha (758,03). Cerrarían la clasificación Galicia (409,69), Baleares (409,60), la Comunidad Valenciana (366,73) y Canarias (300,10). El Observatorio de la Dependencia advierte de las"grandísimas desigualdades" entre territorios.
El 14 de diciembre, coincidiendo con el décimo aniversario de la ley impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, todos los partidos salvo el PP y el PNV suscribieron un pacto por la reversión de los recortes que afectan a la dependencia. Otro compromiso fue terminar con las listas de espera en un máximo de dos años.
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