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¿Qué es el «pin parental» y por qué es tan polémico?
El Gobierno ha remitido a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para retire de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso el uso del «pin parental»
MADRID Actualizado:
El Gobierno ha remitido a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para retire de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso el uso del «pin parental».
Así lo señaló este viernes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que participó también la ministra de Educación, Isabel Celaá y la de Igualdad, Irene Montero.
La toma de esta decisión viene después de que el Ministerio de Educación anunciara en un comunicado que recurrirá a los tribunales «cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado», en alusión a la decisión de la Región de Murcia de usar el «pin parental» que el Gobierno tacha de «ilegal» y una «objeción de conciencia encubierta» para los contenidos curriculares «y que va en contra de la legislación española».
El argumento fundamental de Celaá es que vulnera «el derecho a la educación» de los alumnos. «Cualquier norma que recogiera esta censura previa, este veto, vulneraría los derechos de los alumnos y alumnas a recibir una educación integral, para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales», ha manifestado Celaá.
El «pin parental» es una medida promovida por Vox y que ha permitido al gobierno de coalición de Murcia formado por PP y Ciudadanos desbloquear los presupuestos de 2020. También se ha exigido para desbloquear los presupuestos de Andalucía aunque en esta última aún no se ha implantado. El consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, denfedió «derecho a decidir» de los padres y aseguró que cuando se concrete la medida será «dentro» del marco legal y de la ley de Educación.
En Madrid, donde podría repetirse la situación, el consejero de Educación e Investigación, Enrique Ossorio, ha dicho que el Gobierno regional está «abierto» al «pin parental». El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que «cualquier medida» como el pin parental le parece «adecuada y acertada» para «garantizar el derecho fundamental» de los padres a educar a sus hijos «libremente». Por su parte, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha asegurado que no se ha dado «ningún paso» en Madrid para implantar el pin y ha señalado que el partido deberá presentar en la Asamblea una ley si quiere cambios normativos al respecto, informa Efe.
En medio de la polémica, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha negado este viernes que haya pactado ese tema en Murcia o en cualquier otra comunidad donde gobierna con PP y el apoyo de Vox.
«Siempre hemos votado en contra cuando se ha planteado. Es un mensaje erróneo porque no aceptamos ese concepto», ha asegurado Bal en una rueda de prensa en el Congreso al explicar que el acuerdo al que han llegado en Murcia con Vox o en Andalucía es que en materia de enseñanza se deberán cumplir «los principios constitucionales con respecto a la educación y los derechos de los niños y de los padres»
¿Pero qué es un «pin parental»?
Es una solicitud de autorización expresa de los padres de un alumno, para que éste pueda participar en actividades organizadas por el centro educativo, cuando tengan contenido que afecte a cuestiones morales, sexuales o de conciencia. Dichas actividades se enmarcan dentro del horario escolar, es decir, son obligatorias. Por eso, los que defienden el pin dicen que los padres tienen derecho a estar informados y poder mostrar su disconformidad razonada.
Y, al mismo tiempo, Celaá usa este argumento pero en sentido contrario: dice que por el hecho de no ser voluntarias, sino que forman parte «del currículo básico de Infantil, Primaria y Secundaria» y los padres no deberían intervenir. Recordó que el contenido de estas actividades los determinan los docentes y los aprueba el consejo escolar del centro, «donde están las familias».
Estos contenidos se suelen transmitir en tutorías, en las que se dan charlas sobre educación afectivo-sexual, comportamiento, etc. Pero las leyes LGTBI establecen que los contenidos asociados a la llamada ideología de género deben tener un carácter transversal e incluirse en todas las materias.
Asimismo, aluden a que los centros deberán usar los materiales que al efecto puedan elaborar las administraciones educativas sobre este tema.
Algo parecido ha sucedido con el programa Skolae en Navarra. Este programa está basado en unos materiales elaborados por el departamento de Educación para transmitir a los niños los principios LGTBI.
Cumplimiento de los tratados internacionales menos el que el Estado tiene con la Santa Sede
El Gobierno asegura, además, que el «pin parental» colisiona con el «derecho constitucional fundamental a la educación, además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España (Convención sobre los Derechos del Niño, Declaración Universal de los Derechos Humanos), así como el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la normativa educativa, la legislación sobre la violencia y la normativa específica en materia LGTBI».
Sin embargo, no es así de vigilante de los acuerdos internacionales cuando pretende dejar en la nada la asignatura de Religión (tal como establece el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos) pese a que el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede le obligan establece que la enseñanza de la religión católica se incluirá en todos los centros y niveles, «en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales».
El sector de la concertada, por su parte, considera que el «pin parental» es «innecesario»
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