domingo, 8 de agosto de 2021

Certificado Covid 19

  •  LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
  • El certificado covid se impone en el día a día de 21 países europeos
  • Con 300 millones expedidos en poco más de un mes, los salvoconductos se convierten en un requisito cotidiano. En Francia y Alemania crecen las protestas entre la población reacia al pinchazo
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  • BERNARDO DE MIGUEL
  • Bruselas - 08 AGO 2021 - 08:52 CEST
  • Manifestantes contra el certificado covid en París, este sábado.
  • Manifestantes contra el certificado covid en París, este sábado.IAN LANGSDON / EFE
  • El certificado europeo covid —que acredita haber sido vacunado, disponer de un análisis negativo o haber superado la enfermedad— ha pasado, en poco más de un mes, de ser un documento útil para viajar a convertirse, de manera creciente, en un controvertido pero imprescindible salvoconducto para la vida cotidiana. Ya se han expedido más de 300 millones de certificados en toda la UE (13 millones en España) y 21 países lo exigen para acceder a conciertos, espectáculos, encuentros deportivos, bodas, bares o piscinas. España no está en ese club; solo Galicia lo ha impuesto para el interior de la hostelería y el ocio nocturno porque Andalucía, que quiso hacerlo, se ha topado con la negativa de la justicia, que considera que vulnera el derecho a la intimidad y el principio de no discriminación y no es ni idónea ni necesaria. También los tribunales superiores de Cantabria y Canarias han rechazado la medida.
  • La mutación del certificado en llave para el día a día ha provocado movimientos de protesta en países como Francia o Alemania, donde la población reacia a la vacunación se siente conminada a aceptarla so pena de convertirse en parias sociales. El debate parece llamado a arreciar aún más con el salto del certificado al ámbito laboral tras la decisión de algunos países de exigir la vacunación a sanitarios, docentes o profesionales en contacto con población vulnerable.
  • La Comisión Europea, presidida por Ursula Von der Leyen, celebra sin ambages el éxito del certificado como “un símbolo de una Europa abierta y segura”, según descripción de una fuente oficial del organismo. Y parece innegable que en apenas unas semanas desde su entrada en vigor el 1 de julio, el proyecto ideado por la Comisión para facilitar la movilidad entre los países de la Unión se ha convertido en uno de los documentos que a partir de este verano convendrá llevar siempre a mano.
  • El sistema ya está operativo en más de 30 países, incluidos los 27 socios de la Unión, más Suiza, Noruega, Islandia y el Vaticano. Bruselas aspira a que el pionero modelo europeo se erija como estándar internacional. “Estamos dando pasos para reconocer certificados expedidos por otros países, aunque para ello deben ser interoperables con el sistema de la UE y permitir la verificación de su autenticidad, validez e integridad”, ha señalado esta semana el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
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  • La puesta en marcha del certificado, sin embargo, ha desencadenado protestas entre la parte de la población que lo considera como una medida coercitiva para forzar la vacunación o como una invasión en su vida privada. Las manifestaciones en contra han arreciado, sobre todo, en Francia, el país que ha ido más lejos en la imposición del certificado como salvoconducto para numerosas actividades y que a partir de septiembre suspenderá de empleo y sueldo al personal del sector sanitario que se niegue a vacunarse.
  • El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, negociador parlamentario del reglamento que estableció en tiempo récord el certificado digital, subraya que su objetivo exclusivo “es reactivar la circulación de personas en el seno de la UE y con países terceros y en ningún caso puede utilizarse para otros propósitos”. Durante la elaboración del reglamento se tomó en cuenta el riesgo de que provocase una discriminación entre las personas vacunadas y no vacunadas, sobre todo, en un momento en que la tasa de pinchazos por habitante era todavía muy baja. Por ello se añadió la posibilidad de incluir en el certificado la superación de la enfermedad o un análisis negativo, y se limitó estrictamente su uso para los desplazamientos con cruce de fronteras.
  • Pero López Aguilar, que preside la comisión parlamentaria que tramitó el reglamento, ve “inevitable que si la pandemia no da tregua, los Estados miembro aprovechen el certificado para adoptar medidas restrictivas con base en su legislación nacional, como ya ha ocurrido en Francia o Italia”.
  • Participantes en la manifestación contra el certificado covid en Marsella (Francia), este sábado.
  • Participantes en la manifestación contra el certificado covid en Marsella (Francia), este sábado.DANIEL COLE / AP
  • El certificado es requisito imprescindible para entrar en los cines de Francia, para visitar un museo en Viena, para darse un baño en una piscina italiana o para alojarse en cualquier hotel de Portugal. En Grecia los restaurantes se han clasificado en tres categorías que distinguen entre los que solo admiten personas con el certificado de vacunación, los que toleran también a personas con una prueba negativa y los que garantizan que todos los empleados del establecimiento han sido vacunados.
  • El aforo de recintos culturales o gimnasios se amplía en Rumania si los clientes acuden con el certificado de vacunación. Y lo mismo ocurre con el número de invitados permitidos en las bodas en Croacia. En Dinamarca es imposible asistir a un partido de fútbol con más de 2.000 espectadores sin aportar el salvoconducto de la covid-19. Y en Malta ni siquiera se puede entrar al país sin un documento que hace solo tres meses parecía una idea remota. Solo un puñado de países, con Alemania y España entre ellos, no han introducido de momento ningún uso adicional para el certificado. Otros tienen una tasa de vacunación tan baja que no parecen en condiciones ni siquiera de planteárselo, como es el caso de Bulgaria (17,8%).
  • Recuperar la movilidad global
  • Alberto Alemanno, profesor de derecho europeo en la escuela de negocios HEC de París, señala que “los certificados covid-19 pueden parecer la promesa de una solución mágica para recuperar la movilidad global y reabrir las economías, pero se corre el riesgo de que creen nuevas fronteras y nuevas formas de desigualdad”. Alemanno teme que el certificado introduzca un mecanismo de clasificación y exclusión de las personas basado “en delimitar qué cuerpos son seguros y cuáles inseguros”. La eurodiputada liberal holandesa Sophie in’t Veld, que estuvo muy involucrada en la negociación del reglamento, cree que “sin el certificado, la situación sería aún mucho peor en Europa”. La europarlamentaria lamenta, sin embargo, que las restricciones adicionales basándose en el certificado “se estén adoptando a nivel nacional y no a nivel europeo, con una falta de armonización y un caos más propio del salvaje oeste”.
  • El riesgo, sin embargo, es que a falta de base legal europea o nacional, el sector privado introduzca sus propias normas y limite derechos fundamentales sin control político o judicial previo. “Muchas compañías ya están adoptando sus propias restricciones, desde no admitir clientes sin vacunar a obligar a sus trabajadores”, advierte In’t Veld. El profesor Alemanno augura “una creciente resistencia, también a través de los tribunales, contra la naturaleza inherentemente discriminatoria de los certificados”. De momento, sin embargo, los partidarios de explotar al máximo el documento se han apuntado una importante victoria. El Constitucional francés validó el jueves la mayor parte de las medidas adoptadas por el Gobierno de Emmanuel Macron, incluida la vacuna obligatoria para el sector sanitario y el certificado como requisito para acceder a bares, restaurantes o centros comerciales. París ya planea expedir el certificado también a los turistas extracomunitarios que visiten Francia y que puedan demostrar que se han vacunado con alguno de los fármacos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento, lo que excluye la rusa Sputnik y las chinas, que son mayoritarias en países pobres.
  • López Aguilar, ex ministro de Justicia, señala que las medidas coercitivas francesas “en España requerirían una ley orgánica, porque afectan a derechos fundamentales”. Y advierte de que su aplicación a las bravas por parte del sector privado provocará “una espiral de impugnaciones que conducirá a un escenario de inseguridad jurídica”.
  • En España, cinco comunidades autónomas ya han reclamado al Gobierno que impulse una ley para imponer la vacunación obligatoria al personal sanitario. También lo han hecho las patronales de las residencias de mayores. En Estados Unidos, algunas grandes compañías ya lo exigen a sus empleados e incluso despiden a los que se resisten. Varias fuentes reconocen que la tendencia cruzará el Atlántico, aunque advierten de que en muchos países, España entre ellos, ese tipo de despidos sería con toda probabilidad declarado ilegal por los jueces. Para la eurodiputada Sophie in’t Veld, las medidas de coerción “son contraproducentes, cuanto más se presione a la gente, más resistencia habrá”. In’t Veld recuerda que “se puede prohibir que la gente entre en ciertos sitios, pero no la entrada en todos los sitios, así que sería mucho mejor persuadir a la gente de la necesidad de vacunarse”. La parlamentaria subraya el éxito de las campañas de inmunización acometidas desde los años sesenta, que alcanzaron coberturas de hasta el 95% sin necesidad de hacerlas obligatorias.
  • Empujón de Macron
  • Pero Macron, una vez más, ha mostrado que un empujón puede llevar a los ciudadanos más remolones a poner el brazo delante de la jeringa. A la mañana siguiente de que el presidente francés anunciase sus medidas draconianas para cerrar el paso a las personas no vacunadas, más de 1,3 millones de personas se registraron para recibir el pinchazo, cifra que marcó un récord desde el inicio de la campaña hace siete meses en Francia. El eurodiputado López Aguilar está convencido de que “la mayoría de la gente está dispuesta a aceptar ciertos filtros y condiciones para intentar recuperar la vida normal que teníamos antes de la pandemia”. Pero avisa de que “hay una minoría que va a plantear mucha resistencia”. En Francia, las protestas se repiten cada sábado desde hace tres semanas y las manifestaciones de este sábado sumaron más de 200.000 personas. En Alemania, el pasado domingo hubo más de 600 detenidos en el transcurso de manifestaciones no autorizadas. La batalla política, social y judicial del certificado no ha hecho más que comenzar en Europa.
  • UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LOS VIAJEROS
  • En la Comisión Europea, una fuente insiste en que “el certificado [covid] ayudará a los ciudadanos a disfrutar otra vez del derecho a moverse de manera libre y segura, sobre todo, dentro de la Unión”. Y añade que, de acuerdo con la información de que disponen hasta la fecha, “la implementación y los controles [de verificación del certificado en los aeropuertos] están funcionando sin contratiempos”.

  • La Comisión cree que el desarrollo de un sistema interoperable entre los 27 Estados de la UE y entre los países terceros que deseen sumarse (de momento ya están incluidos Noruega, Suiza, Islandia y el Vaticano) “también simboliza el liderazgo tecnológico de Europa”.

  • El certificado ha logrado ya su principal objetivo, que era facilitar los viajes transfronterizos. Los datos de Eurocontrol indican que el tráfico aéreo aumentó un 20% en el mes de julio y se ha alcanzado ya un nivel equivalente al 60% de 2019, último ejercicio antes de la pandemia.

  • La principal patronal del sector aéreo, Airlines 4 Europe (A4E), que en vísperas de la entrada en vigor del certificado alertaba sobre el riesgo de que la disparidad de medidas de control en los países europeos provocase colas en los aeropuertos y retrasos en los vuelos, reconoce que “hasta ahora, ha demostrado ser una herramienta esencial para los viajeros de este verano”.

  • Las aerolíneas señalan, además, que “el sistema de verificación es rápido y eficiente”, aunque lamentan que todavía se produzcan “duplicaciones innecesarias en los controles” en algunos lugares, como puede ser pedir el pasaporte covid antes de embarcar y al llegar a destino.

  • Tras ese éxito en el transporte aéreo, el certificado empieza ahora a dar el salto a otras actividades comerciales y al ámbito laboral. La eurodiputada liberal holandesa Sophie in‘t Veld, quien participó muy activamente en las maratonianas negociaciones que concluyeron con la elaboración del reglamento que establece cómo y para qué debe funcionar el documento, opina que la ampliación del uso “no tiene por qué conducir a una situación discriminatoria, siempre que se haga con una base legal adecuada”.
  • En este sentido, la eurodiputada recuerda que la vacunación es voluntaria y que el certificado, en todo caso, ofrece dos alternativas al pinchazo para disfrutar de la libre circulación, una prueba reciente negativa o haber pasado la enfermedad.
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sábado, 7 de agosto de 2021

MÉXICO-ESPAÑA, 500 AÑOS DE POLÉMICA por EL País, Tomás Pérez Viejo

MÉXICO-ESPAÑA, 500 AÑOS DE POLÉMICA

México-historia que nos divide España, la historia que nos divide

La memoria sobre la conquista no es en México un problema con España, sino con su propio pasado y con su definición nacional. En el lado español, por su parte, el pasado colonial se mueve entre la ignorancia y el orgullo por los tiempos en que era una potencia imperial

Plano de Tenochtitlán atribuido a Hernán Cortés (1524). Consta de dos cuerpos: una pequeña representación del golfo de México y la ciudad de Tenochtitlán, que aparece con el nombre de Temixtitan. / CENTRO DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE MÉXICO CARSO. FUNDACIÓN CARLOS SLIM
Plano de Tenochtitlán atribuido a Hernán Cortés (1524). Consta de dos cuerpos: una pequeña representación del golfo de México y la ciudad de Tenochtitlán, que aparece con el nombre de Temixtitan. / CENTRO DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE MÉXICO CARSO. FUNDACIÓN CARLOS SLIM

Las varias conmemoraciones centenarias mexicanas —bicentenario de la independencia, 500 años de la caída de Tenochtitlán y los más dudosos, pero también celebrados, 700 años de su fundación— han tenido el extraño efecto de tensar las relaciones entre México y España: las más complejas de las mantenidas entre cualquiera de los países nacidos de la disgregación imperial hispánica, con continuas oscilaciones entre momentos de cercanía y alejamiento, y que, desde la carta del jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en 2019, pidiendo a España disculparse por la conquista, muestran claros síntomas de enfriamiento, cuando no de una larvada hostilidad.

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Deriva difícil de entender —al margen de puntuales conflictos en torno a algunos proyectos empresariales, ambos países son más socios estratégicos que rivales geopolíticos— y cuya principal causa es la forma como una y otra sociedad han construido su memoria colectiva: una latente y no resuelta disputa sobre el pasado, siempre viva del lado mexicano, de cuya importancia la sociedad española nunca ha sido verdaderamente consciente. En su origen está el uso que de la historia han hecho los Estados contemporáneos, no una forma aséptica de conocimiento sino los materiales con los que han construido relatos sobre el pasado afirmando su existencia como comunidades nacionales.

La caída de Tenochtitlán liquidó una organización política que nada tiene que ver con el México actual

La elección de los hechos que se recuerdan, como consecuencia, no es aleatoria sino que está determinada por el sentido de la narración. Es esta la que determina la importancia de los hechos, no al revés. No es lo mismo, por poner un ejemplo español y otro mexicano, la batalla de Covadonga vista como un oscuro enfrentamiento bélico, en un tiempo remoto, entre grupos ajenos a nosotros y por motivos en gran parte hoy incomprensibles, que esta misma batalla imaginada como la primera de una Reconquista concluida ocho siglos después con la recuperación de todo el territorio nacional y en la que derrotamos a los que buscaban la destrucción de nuestra nación. Tampoco la caída de Tenochtitlán, entendida como un episodio bélico en el que unos pocos centenares de castellanos y varios millares de indios acabaron con una organización política que nada tenía que ver con el México actual, que esta misma caída imaginada como la muerte de la nación mexicana a mano de otra extranjera y en la que los derrotados fueron los nuestros y los vencedores los enemigos de México.

España y México comparten tres momentos históricos susceptibles de haber sido utilizados como parte de sus respectivos relatos de nación: conquista, época virreinal e independencia. La independencia, sin embargo, solo existe para el mexicano. Pocos son los españoles que saben quiénes fueron Hidalgo o Iturbide, menos todavía Riaño o Calleja. Para el relato de nación español lo ocurrido en México entre 1810 y 1821 ni siquiera existe.

La colonia, ni para uno ni para otro. Para el mexicano, porque la Nueva España no es México sino un desgraciado paréntesis entre la muerte de 1521 y la resurrección de 1821. Para el español, porque en él América es solo el escenario donde España actúa, y un mundo con entidad propia, como sin duda fue el virreinal, tiene difícil acomodo en esa historia de descubridores y conquistadores a la que la memoria colectiva española ha reducido la presencia de España en América.

Época prehispánica, conquista e independencia son nacimiento, muerte y resurrección en el mito

Solo la conquista —el conjunto de hechos bélicos ocurridos a comienzos del siglo XVI en solo una pequeña parte del territorio de lo que hoy es México— fue considerada relevante y utilizada como parte de su relato de nación tanto por el Estado español como por el mexicano, que desde muy pronto se asumieron, el primero, heredero y continuador de los conquistadores, y el segundo, de los conquistados, con dos interpretaciones, como consecuencia, radicalmente distintas sobre ella. No parece necesario precisar que, en ambos casos, el relato carece de cualquier realidad histórica: tan descendientes, o tan poco, de los conquistadores son los españoles como los mexicanos.

Los relatos de nación no representan el pasado, lo construyen, convirtiendo a las naciones en las protagonistas de la historia que durante la mayor parte del tiempo no fueron y haciendo, en este caso, que tataranietos de braceros extremeños cuyos antepasados nunca vieron el mar se sientan herederos de los que hace cinco siglos atravesaron el Atlántico para nunca volver. Y que mexicanos cuyos antepasados en el lejano 1521 es posible que fueran parte de los que destruyeron la capital mexica y no de los que la defendieron —o descendientes de unos y de otros; o, más probable aún, de ninguno de los dos— todavía lamenten y les duela la caída de Tenochtitlán.

Un conflicto de memorias agravado, del lado mexicano, por la presencia de dos proyectos alternativos de nación, cada uno con su propio relato sobre el pasado y sobre lo que México es. Uno, el hegemónico, al que podemos denominar liberal o de izquierdas —aunque con la precisión siempre necesaria de que, al tratarse de un conflicto identitario, sus líneas de fractura no siempre coinciden con las ideológicas—, que imagina la historia de México como un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección: una nación mexicana nacida en la época prehispánica, muerta con la conquista y resucitada con la independencia.

Otro, el conservador o de derechas, con las mismas precisiones que en el caso anterior, que la imagina a partir de la metáfora del hijo que, llegado a la edad adulta, se emancipa para seguir su vida independiente: una nación mexicana nacida con la conquista, crecida en la época virreinal y llegada a la edad adulta con la independencia.

En ambos relatos, España, lo español y los españoles se convierten en puntos de referencia ineludibles, pero con sentidos radicalmente distintos. En el primero, los otros son enemigos de México. En el segundo, son la parte más íntima, aquello que la nación mexicana debe cuidar y conservar para seguir siendo ella misma. Un conflicto, como todos los de carácter identitario, con una fuerte capacidad de polarización interna y de uso como elemento de movilización política, que, como consecuencia, tiende a agudizarse en momentos de crisis. La memoria sobre la conquista no es en México un problema con España, es un problema de México con su propio pasado y con su definición nacional.

Algo parecido ocurre en el caso español con la conquista de México, junto con las de los demás territorios americanos y, sobre todo, con el Descubrimiento de 1492, convertidos en expresión del carácter imperial de España, eje de un relato de nación que ha convertido al 12 de octubre, día del primer desembarco de Colón, en su fiesta nacional. España no puede pedir disculpas por la conquista por razonables motivos históricos —ni México ni España existían como Estados-nación contemporáneos en el momento en que esta tuvo lugar y tan herederos de los conquistadores, en realidad más, son los mexicanos como los españoles—, pero también por otros menos confesables, teñidos del mismo nacionalismo que los mexicanos: nadie se disculpa por aquello de lo que se siente orgulloso.

La historia que nos separa frente al futuro que nos une. Al margen de metafísicas disquisiciones sobre quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos, delicia de todo nacionalismo, España y México están condenados a entenderse. Dos países con un relativo peso internacional y con múltiples intereses comunes, económicos y geopolíticos, cuyas relaciones no debieran de estar sometidas a anacrónicas visiones sobre el pasado hace tiempo desechadas por la historiografía. La realidad, sin embargo, es que al ser un problema interno, los ecos de la conquista, el pasado que no cesa, seguirán repitiéndose una y otra vez en la vida pública mexicana —en la española su capacidad de polarización y de uso político es comparativamente menor—, agudizándose en momentos de crisis y atenuándose en momentos de estabilidad.

Tomás Pérez Vejo es historiador español afincado en México. Profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología de Historia de México, su libro más reciente es ‘3 de julio de 1898. El fin del Imperio español’ (Taurus).

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