Certificado Covid 19

•  LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
• El certificado covid se impone en el día a día de 21 países europeos
• Con 300 millones expedidos en poco más de un mes, los salvoconductos se convierten en un requisito cotidiano. En Francia y Alemania crecen las protestas entre la población reacia al pinchazo
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• BERNARDO DE MIGUEL
• Bruselas - 08 AGO 2021 - 08:52 CEST
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• Manifestantes contra el certificado covid en París, este sábado.IAN LANGSDON / EFE
• El certificado europeo covid —que acredita haber sido vacunado, disponer de un análisis negativo o haber superado la enfermedad— ha pasado, en poco más de un mes, de ser un documento útil para viajar a convertirse, de manera creciente, en un controvertido pero imprescindible salvoconducto para la vida cotidiana. Ya se han expedido más de 300 millones de certificados en toda la UE (13 millones en España) y 21 países lo exigen para acceder a conciertos, espectáculos, encuentros deportivos, bodas, bares o piscinas. España no está en ese club; solo Galicia lo ha impuesto para el interior de la hostelería y el ocio nocturno porque Andalucía, que quiso hacerlo, se ha topado con la negativa de la justicia, que considera que vulnera el derecho a la intimidad y el principio de no discriminación y no es ni idónea ni necesaria. También los tribunales superiores de Cantabria y Canarias han rechazado la medida.
• La mutación del certificado en llave para el día a día ha provocado movimientos de protesta en países como Francia o Alemania, donde la población reacia a la vacunación se siente conminada a aceptarla so pena de convertirse en parias sociales. El debate parece llamado a arreciar aún más con el salto del certificado al ámbito laboral tras la decisión de algunos países de exigir la vacunación a sanitarios, docentes o profesionales en contacto con población vulnerable.
• La Comisión Europea, presidida por Ursula Von der Leyen, celebra sin ambages el éxito del certificado como “un símbolo de una Europa abierta y segura”, según descripción de una fuente oficial del organismo. Y parece innegable que en apenas unas semanas desde su entrada en vigor el 1 de julio, el proyecto ideado por la Comisión para facilitar la movilidad entre los países de la Unión se ha convertido en uno de los documentos que a partir de este verano convendrá llevar siempre a mano.
• El sistema ya está operativo en más de 30 países, incluidos los 27 socios de la Unión, más Suiza, Noruega, Islandia y el Vaticano. Bruselas aspira a que el pionero modelo europeo se erija como estándar internacional. “Estamos dando pasos para reconocer certificados expedidos por otros países, aunque para ello deben ser interoperables con el sistema de la UE y permitir la verificación de su autenticidad, validez e integridad”, ha señalado esta semana el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
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• La puesta en marcha del certificado, sin embargo, ha desencadenado protestas entre la parte de la población que lo considera como una medida coercitiva para forzar la vacunación o como una invasión en su vida privada. Las manifestaciones en contra han arreciado, sobre todo, en Francia, el país que ha ido más lejos en la imposición del certificado como salvoconducto para numerosas actividades y que a partir de septiembre suspenderá de empleo y sueldo al personal del sector sanitario que se niegue a vacunarse.
• El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, negociador parlamentario del reglamento que estableció en tiempo récord el certificado digital, subraya que su objetivo exclusivo “es reactivar la circulación de personas en el seno de la UE y con países terceros y en ningún caso puede utilizarse para otros propósitos”. Durante la elaboración del reglamento se tomó en cuenta el riesgo de que provocase una discriminación entre las personas vacunadas y no vacunadas, sobre todo, en un momento en que la tasa de pinchazos por habitante era todavía muy baja. Por ello se añadió la posibilidad de incluir en el certificado la superación de la enfermedad o un análisis negativo, y se limitó estrictamente su uso para los desplazamientos con cruce de fronteras.
• Pero López Aguilar, que preside la comisión parlamentaria que tramitó el reglamento, ve “inevitable que si la pandemia no da tregua, los Estados miembro aprovechen el certificado para adoptar medidas restrictivas con base en su legislación nacional, como ya ha ocurrido en Francia o Italia”.
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• Participantes en la manifestación contra el certificado covid en Marsella (Francia), este sábado.DANIEL COLE / AP
• El certificado es requisito imprescindible para entrar en los cines de Francia, para visitar un museo en Viena, para darse un baño en una piscina italiana o para alojarse en cualquier hotel de Portugal. En Grecia los restaurantes se han clasificado en tres categorías que distinguen entre los que solo admiten personas con el certificado de vacunación, los que toleran también a personas con una prueba negativa y los que garantizan que todos los empleados del establecimiento han sido vacunados.
• El aforo de recintos culturales o gimnasios se amplía en Rumania si los clientes acuden con el certificado de vacunación. Y lo mismo ocurre con el número de invitados permitidos en las bodas en Croacia. En Dinamarca es imposible asistir a un partido de fútbol con más de 2.000 espectadores sin aportar el salvoconducto de la covid-19. Y en Malta ni siquiera se puede entrar al país sin un documento que hace solo tres meses parecía una idea remota. Solo un puñado de países, con Alemania y España entre ellos, no han introducido de momento ningún uso adicional para el certificado. Otros tienen una tasa de vacunación tan baja que no parecen en condiciones ni siquiera de planteárselo, como es el caso de Bulgaria (17,8%).
• Recuperar la movilidad global
• Alberto Alemanno, profesor de derecho europeo en la escuela de negocios HEC de París, señala que “los certificados covid-19 pueden parecer la promesa de una solución mágica para recuperar la movilidad global y reabrir las economías, pero se corre el riesgo de que creen nuevas fronteras y nuevas formas de desigualdad”. Alemanno teme que el certificado introduzca un mecanismo de clasificación y exclusión de las personas basado “en delimitar qué cuerpos son seguros y cuáles inseguros”. La eurodiputada liberal holandesa Sophie in’t Veld, que estuvo muy involucrada en la negociación del reglamento, cree que “sin el certificado, la situación sería aún mucho peor en Europa”. La europarlamentaria lamenta, sin embargo, que las restricciones adicionales basándose en el certificado “se estén adoptando a nivel nacional y no a nivel europeo, con una falta de armonización y un caos más propio del salvaje oeste”.
• El riesgo, sin embargo, es que a falta de base legal europea o nacional, el sector privado introduzca sus propias normas y limite derechos fundamentales sin control político o judicial previo. “Muchas compañías ya están adoptando sus propias restricciones, desde no admitir clientes sin vacunar a obligar a sus trabajadores”, advierte In’t Veld. El profesor Alemanno augura “una creciente resistencia, también a través de los tribunales, contra la naturaleza inherentemente discriminatoria de los certificados”. De momento, sin embargo, los partidarios de explotar al máximo el documento se han apuntado una importante victoria. El Constitucional francés validó el jueves la mayor parte de las medidas adoptadas por el Gobierno de Emmanuel Macron, incluida la vacuna obligatoria para el sector sanitario y el certificado como requisito para acceder a bares, restaurantes o centros comerciales. París ya planea expedir el certificado también a los turistas extracomunitarios que visiten Francia y que puedan demostrar que se han vacunado con alguno de los fármacos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento, lo que excluye la rusa Sputnik y las chinas, que son mayoritarias en países pobres.
• López Aguilar, ex ministro de Justicia, señala que las medidas coercitivas francesas “en España requerirían una ley orgánica, porque afectan a derechos fundamentales”. Y advierte de que su aplicación a las bravas por parte del sector privado provocará “una espiral de impugnaciones que conducirá a un escenario de inseguridad jurídica”.
• En España, cinco comunidades autónomas ya han reclamado al Gobierno que impulse una ley para imponer la vacunación obligatoria al personal sanitario. También lo han hecho las patronales de las residencias de mayores. En Estados Unidos, algunas grandes compañías ya lo exigen a sus empleados e incluso despiden a los que se resisten. Varias fuentes reconocen que la tendencia cruzará el Atlántico, aunque advierten de que en muchos países, España entre ellos, ese tipo de despidos sería con toda probabilidad declarado ilegal por los jueces. Para la eurodiputada Sophie in’t Veld, las medidas de coerción “son contraproducentes, cuanto más se presione a la gente, más resistencia habrá”. In’t Veld recuerda que “se puede prohibir que la gente entre en ciertos sitios, pero no la entrada en todos los sitios, así que sería mucho mejor persuadir a la gente de la necesidad de vacunarse”. La parlamentaria subraya el éxito de las campañas de inmunización acometidas desde los años sesenta, que alcanzaron coberturas de hasta el 95% sin necesidad de hacerlas obligatorias.
• Empujón de Macron
• Pero Macron, una vez más, ha mostrado que un empujón puede llevar a los ciudadanos más remolones a poner el brazo delante de la jeringa. A la mañana siguiente de que el presidente francés anunciase sus medidas draconianas para cerrar el paso a las personas no vacunadas, más de 1,3 millones de personas se registraron para recibir el pinchazo, cifra que marcó un récord desde el inicio de la campaña hace siete meses en Francia. El eurodiputado López Aguilar está convencido de que “la mayoría de la gente está dispuesta a aceptar ciertos filtros y condiciones para intentar recuperar la vida normal que teníamos antes de la pandemia”. Pero avisa de que “hay una minoría que va a plantear mucha resistencia”. En Francia, las protestas se repiten cada sábado desde hace tres semanas y las manifestaciones de este sábado sumaron más de 200.000 personas. En Alemania, el pasado domingo hubo más de 600 detenidos en el transcurso de manifestaciones no autorizadas. La batalla política, social y judicial del certificado no ha hecho más que comenzar en Europa.
• UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LOS VIAJEROS
• En la Comisión Europea, una fuente insiste en que “el certificado [covid] ayudará a los ciudadanos a disfrutar otra vez del derecho a moverse de manera libre y segura, sobre todo, dentro de la Unión”. Y añade que, de acuerdo con la información de que disponen hasta la fecha, “la implementación y los controles [de verificación del certificado en los aeropuertos] están funcionando sin contratiempos”.
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• La Comisión cree que el desarrollo de un sistema interoperable entre los 27 Estados de la UE y entre los países terceros que deseen sumarse (de momento ya están incluidos Noruega, Suiza, Islandia y el Vaticano) “también simboliza el liderazgo tecnológico de Europa”.
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• El certificado ha logrado ya su principal objetivo, que era facilitar los viajes transfronterizos. Los datos de Eurocontrol indican que el tráfico aéreo aumentó un 20% en el mes de julio y se ha alcanzado ya un nivel equivalente al 60% de 2019, último ejercicio antes de la pandemia.
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• La principal patronal del sector aéreo, Airlines 4 Europe (A4E), que en vísperas de la entrada en vigor del certificado alertaba sobre el riesgo de que la disparidad de medidas de control en los países europeos provocase colas en los aeropuertos y retrasos en los vuelos, reconoce que “hasta ahora, ha demostrado ser una herramienta esencial para los viajeros de este verano”.
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• Las aerolíneas señalan, además, que “el sistema de verificación es rápido y eficiente”, aunque lamentan que todavía se produzcan “duplicaciones innecesarias en los controles” en algunos lugares, como puede ser pedir el pasaporte covid antes de embarcar y al llegar a destino.
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• Tras ese éxito en el transporte aéreo, el certificado empieza ahora a dar el salto a otras actividades comerciales y al ámbito laboral. La eurodiputada liberal holandesa Sophie in‘t Veld, quien participó muy activamente en las maratonianas negociaciones que concluyeron con la elaboración del reglamento que establece cómo y para qué debe funcionar el documento, opina que la ampliación del uso “no tiene por qué conducir a una situación discriminatoria, siempre que se haga con una base legal adecuada”.
• En este sentido, la eurodiputada recuerda que la vacunación es voluntaria y que el certificado, en todo caso, ofrece dos alternativas al pinchazo para disfrutar de la libre circulación, una prueba reciente negativa o haber pasado la enfermedad.
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